Comisión de Trabajo del Congreso lleva a cabo festín con medidas populistas | Izquierda y sus aliados dinamitan aparato productivo del Perú
Aprobaron proyectos de ley contra la inversión privada, la generación de empleo y la construcción de pensiones en el país.
La Comisión de Trabajo del Congreso, presidida por Edhit Julón, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), principalmente aliada con bancadas de izquierda, están dinamitando el aparato productivo peruano con la aprobación de proyectos populistas que van en contra de la inversión privada, la generación de empleo y la construcción de pensiones en el país, afectando la economía de todos los peruanos.
El citado grupo de trabajo, a solicitud de los autores de las iniciativas de ley y pese a que ya terminó la legislatura, el último martes realizó la quinta sesión extraordinaria y le sacó la vuelta a varios legisladores de derecha, que no participaron por el receso parlamentario.
La legislatura culminó con el pleno efectuado el viernes 13 de junio y, a pesar de ello, las comisiones ordinarias pueden seguir sesionando de manera extraordinaria, a pedido de los congresistas y previa aceptación de los presidentes de cada grupo.
Así, Julón aceptó llevar a cabo esa sesión, semipresencial, cuya agenda contemplaba proyectos de ley, todos contrarios a los sectores económicos que generan bienes y servicios en el país.
Amplían seguro
El primer tema que abordaron y aprobaron fue el PL n.° 8888-2024, que busca ampliar la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para incluir aquellos que ocurren durante el trayecto al centro laboral si el traslado está en vehículos del empleador o contratado por este. También se reconoce como accidente laboral aquel ocurrido fuera del horario habitual, si obedece a órdenes del empleador.
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Pese a que la iniciativa tiene buenas intenciones, impone nuevas obligaciones al sector privado, sin diferenciar contextos ni riesgos reales de los trabajadores y las aseguradoras podrían enfrentar mayor presión económica, lo que derivaría en mayores primas y barreras al empleo formal.
En pocas palabras, desincentivaría a las compañías para que contraten formalmente a trabajadores y, si lo harían, estos tendrían que pagar más por sus seguros.
No obstante, parlamentarios de la Bancada Socialista, Pasión Dávila y Jaime Quito, así como Isabel Cortez (ex Juntos por el Perú y hoy Podemos Perú), defendieron con vehemencia la propuesta, alegando que así se protegerá a miles de trabajadores de sectores de alto riesgo, como la minería, y votaron a favor.
Entre los legisladores que también votaron a favor figuran Julón, María Agüero (Perú Libre), Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular), Jorge Coayla y Wilson Quispe (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo), Juan Burgos (Podemos Perú), Tania Ramírez, Eduardo Castillo y Héctor Ventura (Fuerza Popular), Carlos Alva (Acción Popular) y Patricia Chirinos (Renovación Popular).
Así, la iniciativa se aprobó por mayoría: 14 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención (María del Carmen Alva - no agrupada).
Ley Servir
Otro proyecto aprobado fue el n.° 1961-2024, que modifica la Ley del Servicio Civil (Servir), para que las sanciones disciplinarias a los servidores públicos no tengan eficacia inmediata si se interpone un recurso impugnatorio, con excepciones en casos de hostigamiento, dignidad o libertad vulneradas.
En otras palabras, si bien fortalece derechos del trabajador, se entorpece el ejercicio disciplinario del Estado, al postergar la ejecución de sanciones, incluso, cuando ya hay elementos probados de la comisión de la falta.
En este caso, votaron a favor los parlamentarios que hicieron lo propio en el anterior proyecto, más la no agrupada María del Carmen Alva, y se abstuvieron los de Fuerza Popular. Se aprobó por mayoría: 12 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Porteros
El Proyecto de Ley n.° 10550-2024, que busca mejorar las condiciones laborales para porteros y guardianes de edificios con fines habitacionales, también fue aprobado. El dictamen propone establecer una serie de derechos para porteros y guardianes de edificios residenciales. Entre ellos, descanso semanal obligatorio, gratificaciones, seguro complementario de riesgo, programas de capacitación gratuitos y condiciones mínimas para su puesto de trabajo.
Las opiniones técnicas recibidas resaltan que esta iniciativa carga a las Micro y Pequeñas Empresas (mypes) con más obligaciones, sin un estudio económico que determine su viabilidad.
Según especialistas consultados, el aumento en los costos operativos podría desincentivar la contratación formal y afectar la sostenibilidad de estos negocios.
Igualmente, se incrementan los requisitos para contratar personal, sin acompañar la propuesta de incentivos o acompañamiento técnico a los pequeños propietarios o consorcios residenciales que actúan como empleadores, donde los costos asociados a los nuevos beneficios laborales recaerán directamente en los inquilinos, encareciendo el presupuesto familiar.
Aquí, Julón, casi toda la izquierda y Podemos, votaron a favor, con lo que el tema se aprobó con 9 votos a favor, 1 en contra (Tania Ramírez) y 1 una abstención (Quito Sarmiento).
En suspenso
El predictamen, que busca aplicar a todos los trabajadores agrarios el Decreto Legislativo 728 o Ley de Fomento del Empleo y modificar la Ley 31110 del Régimen Agrario, pasó a un cuarto intermedio y no se logró aprobar. En este caso, quieren establecer un incremento progresivo del aporte a EsSalud: 9% para grandes empresas desde 2026 y 6% para pequeñas empresas hasta 2027, subiendo al 9% desde 2028. Además, pretenden reconocer expresamente los derechos colectivos de sindicalización, huelga y negociación colectiva.
Según las opiniones técnicas, aquí se desconoce la realidad del trabajo agrario, que es muchas veces temporal, informal y sujeto a ciclos estacionales.
Exigir la aplicación del régimen 728 y aumentos en aportes previsionales podría ahuyentar inversión en agroexportación, aumentar la informalidad laboral que ya supera el 95% en el sector, generar conflictos colectivos en empresas pequeñas que no tienen estructura sindical y limitar la flexibilidad del mercado agrario, afectando la competitividad internacional.
En este tema el debate fue intenso, los congresistas Jaime Quito (Bancada Socialista), Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) e Isabel Cortez (Podemos Perú) defendieron la medida, asegurando que no representa una sobrelegislación, sino una adecuación necesaria que reconoce derechos fundamentales.
Eduardo Castillo (Fuerza Popular) y Alex Paredes (Bloque Magisterial), por su parte, expresaron preocupaciones más técnicas, especialmente por la naturaleza temporal y estacional del trabajo agrario.
Castillo pidió que el dictamen pase a un cuarto intermedio para ser debatido en una mesa técnica, con presencia de gremios de trabajadores y empleadores, advirtiendo sobre posibles efectos contraproducentes en el empleo. El pedido fue aceptado por la presidenta Julón y el tema quedó en suspenso.
Todos los predictámenes aprobados, en su momento, deberán ser votados en el pleno del Parlamento para su aprobación o rechazo final.
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