Con mi pensión no te metas

La Ley Marco del Sistema Integrado Universal de Pensiones ha sido aprobada en la comisión respectiva del Congreso el 26 de febrero último, y ahora se produce un debate que va a trascender las elecciones generales de mayo. Y es que –sea cual fuere el esquema que el Perú elija en materia previsional–, el gran interrogante que nadie pone en el tapete es de dónde van a salir los fondos para pagar las pensiones ya no a futuro, sino en el presente crudo y duro de estos tiempos de pandemia.

Pero antes de entrar al tema en sí, la sola decisión de la comisión multipartidaria encargada de la reforma previsional de trasladar los fondos privados de las AFP a un nuevo sistema centralizado de pensiones, controlado por el Estado, ha puesto los pelos de punta en la ciudadanía. Tanto es así que el economista liberal Iván Alonso ha dicho que dicha corrida de los fondos acumulados por los afiliados a las AFP al nuevo sistema de pensiones, como plantea el proyecto de reforma previsional de la congresista Carmen Omonte, es una expropiación.

El exministro vizcarrista Alfredo Thorne ha calificado como un despropósito la citada ley, porque “no enfrenta ninguno de los grandes retos de la seguridad social. No universaliza las pensiones, no formaliza, e introduce un nuevo impuesto a los trabajadores formales”, razones por las que esta iniciativa debe esperar, se supone a la espera del nuevo gobierno a elegirse el 11 de abril, subraya.

Para poner paños tibios a la protesta que se arma, el mismo César Acuña, líder del partido que alberga a Omonte como candidata a una vicepresidencia de la República por Alianza Para el Progreso (APP), ha dicho que “una reforma del sistema de pensiones merece un debate profundo, alejado del escenario electoral”.

“El anteproyecto de la comisión especializada del actual periodo [congresal] debe ser visto a partir de julio por la nueva representación. Este periodo debe centrarse en medidas sobre la pandemia”, subrayó.

Sin embargo hay otras voces, como la del economista Dennis Falvy, que sostienen que el tema, por su importancia, “merece ser tratado desde ahora a nivel de los candidatos presidenciales”.

En el ínterin se ha cruzado cantidad de pedidos y solicitudes para que este Parlamento presidido por Mirtha Vásquez, del izquierdista Frente Amplio, se abstenga de crear el voceado Organismo Público de Pensiones (OPP), corriendo incluso firmas en peticiones que tienen el apoyo del candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido celeste Renovación Popular.

“El Estado quiere administrar los Fondos de Jubilación de los peruanos. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Quieres que el Estado tenga poder sobre tus ahorros?; el Estado Peruano ha demostrado por años la ineficiencia en la administración de los fondos de pensiones. Así también ha demostrado altos índices de corrupción y uso indebido de los fondos para robar el dinero de los ciudadanos”, señala una de las misivas dirigidas a Vásquez, con copia a Omonte, que viene circulando el ciudadano Diego Alberto Pérez Roncagliolo.

Aprobar esta ley de la OPP le dará al Estado el control total de la administración con lo que “comprometerán el futuro de todos aquellos que escogimos estar en un Sistema Privado de Pensiones”, agrega.

“No permitamos que el Estado administre un fondo privado y comprometa nuestro futuro como ya lo ha hecho con muchos peruanos, administrando sus fondos y beneficiando intereses corruptos. Firmemos esta petición (…) para que escuchen nuestra voz y no se apoderen de los fondos”, concluye a manera de resumen.

En otro ámbito del debate, miles de cibernautas sostienen que el Estado es un pésimo administrador de fondos por lo que los políticos deben dejar que el sistema privado compita como sistema el público y que la gente decida.

El problema que nos ocupa es de difícil solución porque el Perú tiene una realidad en que alrededor del 75% de su población económicamente activa vive en la informalidad laboral donde obviamente no funciona ninguna reforma de pensiones, si lo vemos desde un punto de vista realista can aires pesimistas.

Otras posiciones más atemperadas, que también ven con escepticismo la Ley Omonte, que aún no ha sido programada por Junta de Portavoces para su debate en el pleno de la representación nacional, plantean que, en todo caso, los promotores de la ley empiecen a probar con los aportantes para que cada afiliado de las AFP pueda pasarse a la OPP si así lo desean.

En este orden de ideas, si el sistema funciona y es bueno, muchos se pasarán, pero ¿qué sucedería si no resulta como ustedes lo tienen pensado y los aportes terminan mal gastados, por ejemplo, en Petroperú?, se interrogan.

El fantasma de la estatización de los fondos de las AFP, que son alrededor de 50 mil millones de dólares, recorre no solo los corrillos parlamentarios, cada vez más vacíos por el coronavirus, sino todo lugar de debate más allá de la política, vale decir, la prensa, las redes sociales, los gremios empresariales y sus homólogos de tipo laboral, los estudios de abogados, la Academia y expertos de todo credo u orientación ideológica en asuntos previsionales y de la seguridad social.

Y en su mayoría le enrostran a Omonte haber mentido cuando aseguró que el paso al nuevo sistema de pensiones sería voluntario para los afiliados de las AFP, pero lamentablemente eso no dice el proyecto aprobado. Esa es la razón por la que congresistas como César Combina, también de APP, han sacado cuerpo y que en la misma bancada acuñista haya una suerte de rebelión en la granja.

OMONTE RESPONDE

En este tira y jale, la señora Omonte sostiene que el proyecto de Ley Marco del Sistema Integrado Universal de Pensiones es fruto del trabajo de una Comisión multipartidaria, por lo que “no es un proyecto de Alianza para el Progreso”. Acota que la idea central es crear una entidad estatal autónoma, al estilo del Banco Central de Reserva, para que maneje el nuevo sistema previsional en los parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este nuevo sistema va a corregir las debilidades, imperfecciones e injusticias del actual sistema, afirma.

En el caso de la ONP (Oficina de Normalización Previsional) es un sistema de reparto, esto porque no son cuentas individuales, sistema que ha creado injusticias como no recibir nada de pensión así el trabajador haya aportado durante 20 años. Pero este esquema, agrega, tenía una gran fortaleza que son las pensiones mínimas.

En el caso de la AFP, no hay pensiones mínimas, pero los que ganan bien son un número muy escaso y que representan menos del 20%, donde solo el 1 % ganan muchísimo. En tanto, los más del 70 %, que perciben menos de 2 mil soles, cuando lleguen a los 70 años su pensión no les alcanza ni para cobrar 500 soles al mes.

Ahora tendremos cuentas individuales y también pensiones mínimas, universales, sostiene en defensa de su proyecto.

“¿Que se van a estatizar los fondos de las AFP? Es totalmente falso. Los fondos van a seguir siendo rentabilizados por los sectores privados: pueden ser rentabilizados las propias AFP, los bancos o gestores privados, incluido internacionales”, plantea.

“Ninguna entidad pública manejará los fondos, la gestión de estos estará a cargo de gestores de fondos previsionales que competirán por buscar la mayor rentabilidad a favor de las afiliados”, refuerza un comunicado de la Comisión Multipartidaria de Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano.

Otro planteamiento es que cada asegurado tendrá su cuenta personal previsional (CPP), con dos componentes que se complementan: el fondo de riesgo compartido (FRC) que proveerá una pensión segura mínima, y el FRI de cada afiliado que complementa e incrementa suspensión en función de su esfuerzo contributivo.

También precisa que “los afiliados de las AFP que migren al nuevo sistema, según la edad del corte que fije el reglamento, y los que voluntariamente se acojan, mantendrán todos sus fondos capitalizados, sin ningún tipo de descuento y estos pasarán en su integridad a su fondo individual”.

¿De qué se van a encargar las autoridades administrativas del Estado? De las acciones no financieras como afiliar, recaudar, y en esto último puede participar la Sunat, por la experiencia que tiene, según su punto de vistas. Eso va a permitir que el 25 % de los aportes ya no se vaya al pago de comisiones.

POSICIÓN DE LAS AFP

La respuesta de la Asociación de las AFP a Omonte y a la comisión multipartidaria no se hizo esperar este jueves, y rechazaron que como institución hayan propalado informaciones inexactas o que hayan pretendido sorprender a la opinión pública.

Para reforzar sus puntos de vista, se oponen a la creación de “un nuevo organismo público de pensiones que reciba todos los aportes de los afiliados, así como los fondos que están en las cuentas individuales ya existentes que hay administran las AFP”, tal como lo plantea la Ley Omonte en los artículos 9,1, 9.3 y el 21.2.b1.i del proyecto aprobado.

Y las mismas circunstancias sobre la creación del “Fondo de Riesgo Compartido” (FRC), que es “una bolsa común donde una parte del aporte de cada afiliado le sería quitado para financiar pensiones de otras personas”, esto a tenor del último párrafo del subcapítulo “Pilar 2: Contributivo”, que está en la página 142 del proyecto.

Una tercera crítica de las AFP, referido a que “los aportes a este FRC serán administrados directamente por el Estado”, también está en el artículo 25a del citado proyecto.

“De otro lado, sobre la parte de los aportes que no irán al FRC, hacemos notar que nada garantiza que, al ingresar ahora al sistema por la puerta del Estado, terminen siendo invertidos con consideraciones diferentes a los de la pura rentabilidad”, señala el documento de las AFP.

Otro tema crucial es que si bien Carmen Omonte ha anunciado que el paso al nuevo sistema será “voluntario” para los afiliados a las AFP, lamentablemente “eso no es lo que dice el proyecto que ha aprobado su comisión”, subraya.

Esta entidad rechaza en otra párrafo que sean un “grupo oligopólico” que actúe en contra de los intereses “de millones de afiliados a los que durante 30 años no ha sabido beneficiar”.

Sobe el particular, las AFP responden que la rentabilidad promedio anual de los últimos 30 años que han producido para sus afiliados es de 11 %, “bastante mayor a la que pagan actualmente las entidades financieras con los intereses más altos”.

En suma, en todos los espacios de debate crece la consigna o los hashtags ‘Con mi pensión no te metas’ y ‘No te metas con mis ahorros’.

UNIVERSAL

La comisión de reforma integral del Sistema Previsional Peruano que preside Carmen Omonte señala que la citada iniciativa legislativa crea un pensión universal para todos, priorizando a los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

ES CONFISCATORIA

El proyecto de la Ley Omonte no establece la posibilidad que el traslado al nuevo sistema sea optativo o voluntario, como han señalado. La redacción de la nueva norma no establece esa posibilidad, se quejan los aportantes de las AFP. Es compulsiva y confiscatoria de nuestros fondos de pensiones, afirman.

MIENTEN

“Nuevamente las AFP mienten y no quieren competencia, defienden el oligopolio de 4 empresas que maneja el mercado y otorga pensiones muy bajas, el 73% de sus afiliados ganan menos de 2,000 nuevos soles y su pensión será menor de 500 nuevos soles”, sostiene el economista Germán Lench.

POR: PLINIO ESQUINARILA

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