Congresista Norma Yarrow solicita al Ministerio de Justicia destitución del jefe del INPE

El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del INPE solicitó con carácter de urgencia la destitución inmediata de Javier Llaque Moya, actual presidente del Instituto Nacional Penitenciario, a quien responsabilizó por la crisis institucional que afecta a las cárceles del país. La exigencia fue formalizada mediante una carta dirigida a la congresista Norma Yarrow, a fin de que esta interponga la petición ante el Ministerio de Justicia.

Julio César Burgas Barera, secretario general del sindicato, sostuvo en el documento que "las prisiones se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, donde los internos delinquen con total impunidad desde sus celdas". Según advirtió, esta situación se agrava ante la falta de soluciones concretas al hacinamiento y a la creciente violencia intramuros.

El reclamo sindical cobró mayor relevancia luego de que se conociera la fuga del recluso John Kennedy Javier Sebastián, quien escapó del penal de Lurigancho el pasado 21 de abril por la noche. El interno logró burlar todos los controles, escalar una malla perimétrica y superar el muro exterior, pese a los disparos disuasivos del personal del torreón. Vecinos grabaron el hecho desde sus viviendas, lo que causó conmoción y dudas sobre la eficacia del sistema de vigilancia.

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Tras el incidente, el INPE removió al director del penal y relevó al personal de seguridad implicado. Asimismo, anunció la apertura de una investigación administrativa interna y reforzó las medidas de control en ese centro penitenciario. No obstante, el sindicato advirtió que se trata de una reacción tardía y que los problemas estructurales siguen sin resolverse.

“La ciudadanía debe saber que esta crisis no es un hecho aislado, sino una muestra del deterioro que vivimos a diario en los penales, donde el crimen se organiza desde adentro”, señaló Burgas Barera. Además, recordó que en 2018 el Congreso destituyó a todo el Consejo Nacional Penitenciario por la liberación irregular de un interno, proceso en el cual también estuvo involucrado Llaque.

Por su parte, la congresista Yarrow trasladó el pedido al ministro de Justicia, Eduardo Arana, y pidió iniciar investigaciones urgentes. “Solicito que su despacho adopte las acciones necesarias ante estas denuncias, y que informe al Congreso sobre las medidas tomadas”, señaló en el oficio N.º 1011/2024-2025-NYL-CR.

Mientras tanto, las denuncias de corrupción, privilegios ilegales para internos y la falta de reformas efectivas siguen empañando la gestión penitenciaria. El sindicato reiteró que el Ejecutivo debe asumir con firmeza la reestructuración del sistema, antes de que las cárceles del país se conviertan, definitivamente, en centros de poder criminal.

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