Congresista Silvia Monteza exige transparencia ante aumento millonario en presupuesto a partidos: “No debe sostener planillas doradas”
Fondos del presupuesto 2026 se destinarán a partidos con representación en el Congreso.
La congresista de Acción Popular, Silvia Monteza y titular de la comisión de presupuesto, reconoció que la norma faculta la asignación de este presupuesto, pero destacó la importancia de que los recursos se utilicen adecuadamente.
“La ley faculta este presupuesto, pero tiene que ser bien invertido y no destinado a sostener planillas doradas. Debe invertirse en capacitaciones, como indica la ley”, afirmó.
El Ejecutivo propuso triplicar el financiamiento a organizaciones políticas, pasando de S/11.6 millones en 2025 a S/35.3 millones en 2026, según la Ley de Presupuesto enviada el 30 de agosto.
Este aumento beneficiará a los diez partidos que actualmente tienen representación en el Congreso, así como a los que consigan escaños en las elecciones generales de 2026.
La distribución de los fondos se realizará según lo establece la Ley N.º 28094, que regula el financiamiento público directo a los partidos políticos en Perú.
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El congresista Elvis Vergara advirtió sobre posibles malos usos de estos fondos y pidió mayor fiscalización: “Se debería reglamentar y hacer un seguimiento para que este presupuesto no pueda ser utilizado para pagar planillas de representantes de los partidos políticos”.
La fórmula de reparto establece que el 40 % del monto será dividido en partes iguales, y el 60 % restante se asignará según la proporción de votos obtenidos.
Esta mecánica favorece a agrupaciones como Perú Libre, que logró la mayor cantidad de votos en 2021, aunque hoy ya no mantenga esa misma presencia parlamentaria.
La ONPE será la entidad encargada de calcular la cifra final, considerando todos los votos emitidos, incluidos blancos y viciados, lo que podría modificar el monto asignado.
Aunque la propuesta aún espera la aprobación del Congreso, ya genera preocupación por el uso de recursos públicos en un contexto de desconfianza hacia los partidos.
De aprobarse, este aumento marcará un precedente en el gasto electoral con fondos públicos, y pondrá a prueba la capacidad del Estado para asegurar su uso transparente y responsable.
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