Congresista Wilson Soto denuncia ante Fiscalía presuntas irregularidades en resoluciones emitidas por presidenta de Ositran
Exige que el Ministerio Público investigue posibles delitos en órgano regulador del transporte.
El congresista Wilson Soto solicitó a la Fiscalía de la Nación que investigue presuntas irregularidades cometidas por la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano Copello.
A través de un oficio dirigido a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, el legislador advirtió que las resoluciones emitidas por la alta funcionaria podrían constituir usurpación de funciones y afectar gravemente el interés público.
Soto señaló que Zambrano habría actuado sin el quórum reglamentario del Consejo Directivo, aprobando resoluciones que, según dijo, exceden sus atribuciones individuales y tienen un alto impacto económico.
“No podemos permitir que desde un órgano regulador se tomen decisiones sin transparencia ni legitimidad”, indicó.
Actos cuestionados
Entre las decisiones cuestionadas figura la Resolución N.º 003-2025-PD-OSITRAN, mediante la cual Ositran habría interpretado cláusulas del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pese a no contar con competencia para ello.
Según el legislador, esta resolución sirvió como sustento para una modificación contractual que favorecería a una empresa privada.
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Soto también criticó la aprobación de la Resolución N.º 041-2025-PD-OSITRAN, que estableció una Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de $ 7,07 para pasajeros en transferencia.
Según el parlamentario, estos usuarios no utilizan servicios aeroportuarios, por lo que la tarifa vulneraría los términos contractuales y afectaría directamente a los ciudadanos.
Acciones legales
El legislador exhortó al Ministerio Público a ejercer su función constitucional e iniciar las acciones legales que correspondan.
“Estas decisiones no solo representan una afectación directa al bolsillo de los peruanos, sino que atentan contra la legalidad y los intereses del Estado”, afirmó.
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