Congreso aprobó la denuncia constitucional contra María Cordero Jon Tay por caso «Mochasueldo»
La excongresista María Cordero afrontará un juicio como ciudadana y no como congresista, explicó Arturo Alegría.
El pleno del Congreso aprobó en reconsideración acusar a la congresista de No Agrupada, María del Pilar Cordero Jon Tay, por presunta autoría del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión en agravio del Estado, con 55 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones.
Durante la sesión, la parlamentaria María Cordero solicitó a sus colegas un voto de conciencia, considerando que la injusticia extrema era inhumanitario. “La justicia debe ser el mejor valor de cada uno de ustedes (congresistas), porque todos somos iguales. Tengo derecho a la presunción de inocencia”, expresó en el Parlamento.
Como es público, la denuncia fue formulada por la congresista Martha Moyano (FP), quien argumentó la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal. El pleno rechazó inhabilitar a la parlamentaria Codero Jon Tay por 10 años de la función pública.
“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y lo que dispone la Constitución Política del Perú”, señaló el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría.
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También mencionó el primer vicepresidente de la Mesa Directiva que se comunicará el acuerdo del pleno al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin que se emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Legislativo.
“Afrontará (María Cordero) un juicio como ciudadana y no como congresista. (Acusar a la parlamentaria) es un gesto importante del Congreso de la República que busca mejorar la imagen institucional que tenemos como parlamento”, sostuvo.
Cabe señalar que, en abril del 2023, un programa periodístico presentó unos audios donde exponía a la legisladora recortando el sueldo de uno de los trabajadores de su despacho desde el 2022. En su descargo el exasesor denunció que la funcionaria le exigió hasta el 50 % de su sueldo final, mostrando como pruebas grabaciones de conversaciones entre ambos.
El testimonio ante la Comisión de Ética, el afectado Rafael Cabrejos Vela, confirmó que la legisladora no agrupada le recortó un total de 80 mil soles durante el tiempo que laboró para ella.
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