Congreso archiva denuncia contra Francisco Sagasti por principio de ‘no doble proceso’
Subcomisión desestimó la acusación y cerró el caso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la denuncia constitucional contra el expresidente Francisco Sagasti, al considerar que los hechos imputados ya habían sido materia de una investigación previa.
La decisión se adoptó durante la sesión presidida por el congresista Jorge Montoya Manrique, en la que también se resolvieron otras denuncias constitucionales.
El grupo de trabajo determinó que la acusación contra Francisco Sagasti no podía prosperar debido a que una denuncia similar ya había sido declarada improcedente en el pasado.
La discusión en la SAC aludió al principio de ‘no procesar dos veces a una misma persona por los mismos hechos’, a menos que se presenten nuevas pruebas y en un nuevo periodo legislativo anual.
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La denuncia estaba vinculada con la designación del secretario general del despacho presidencial durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Según los documentos analizados, Francisco Sagasti habría intervenido en este proceso para modificar los requisitos exigidos para el cargo.
Además, se le imputaba la presunta orden inconstitucional de pase al retiro de tenientes generales para facilitar la designación del general César Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú.
En la misma sesión, la SAC archivó la denuncia constitucional presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza contra el exministro de Justicia, Félix Chero Medina, quien fue acusado de presuntos delitos de patrocinio ilegal y falsedad genérica.
Congreso cerró el caso Tumialán
Asimismo, se declaró inadmisible la denuncia contra Henry Ávila Herrera, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por presunto cohecho pasivo, aunque se otorgó un plazo de tres días para subsanar observaciones.
Finalmente, el grupo de trabajo también archivó la Denuncia Constitucional 422 contra Imelda Tumialán Pinto, quien fue acusada de infracción a la Constitución y delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.
Con estas decisiones, la SAC concluyó la revisión de los casos programados en la agenda legislativa.
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