Congreso da 15 días de plazo a subcomisión para investigar a Alberto Otárola, Salas Arenas, Delia Espinoza y Pedro Castillo
Denuncias constitucionales por presuntos delitos y faltas graves contra altos funcionarios del Estado.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo máximo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir informe final sobre cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes, dos de ellas en algunos de sus extremos.
La decisión se adoptó por unanimidad, con 24 votos a favor en el caso de la Denuncia Constitucional 520, que involucra al expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda.
El exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, presentó esta denuncia contra Otárola por presunta instigación en el delito de colusión, en agravio del Estado, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. La Comisión dio luz verde al proceso sin objeciones.
En una segunda votación, el grupo parlamentario concedió, con 19 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el mismo plazo para que se investigue la Denuncia Constitucional 560, formulada por el ciudadano Juan José Santivañez Antúnez contra Delia Espinoza Valenzuela, en su condición de fiscal de la Nación.
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La acusan de vulnerar los incisos 2 y 4 del artículo 159 de la Constitución y de incurrir en abuso de autoridad, según el artículo 376 del Código Penal.
Posteriormente, por 19 votos a favor y 4 en contra, se otorgó el plazo para investigar la Denuncia Constitucional 275, presentada por Jesús Zavaleta Mendoza contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones.
La denuncia fue admitida en el extremo referido a una supuesta infracción de los artículos 31, 35, 38 y 39 de la Carta Magna, así como por presunta omisión de actos funcionales, tipificada en el artículo 377 del Código Penal.
Además, por 20 votos a favor y 6 en contra, se aprobó investigar las Denuncias Constitucionales acumuladas 547 y 575, ambas vinculadas al golpista Pedro Castillo.
Estas fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero, respectivamente, por múltiples presuntas infracciones constitucionales. El Congreso archivó los extremos improcedentes de ambas acusaciones.
Previamente, la Comisión Permanente rechazó una cuestión previa que solicitaba devolver a la subcomisión el informe relacionado con el congresista Roberto Sánchez, así como otra propuesta que planteaba otorgar solo 10 días para investigar la Denuncia 516, también contra Pedro Castillo, esta vez por presunto peculado de uso. Esta fue desestimada por 12 votos en contra frente a 11 a favor.
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