Congreso en crisis: Fiscalía y PNP intensifican investigación sobre red de prostitución

El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP), llevó a cabo una intervención en el Congreso de la República por segundo día consecutivo en el área de Oficialía Mayor.

La diligencia, iniciada el jueves 2 de enero, busca esclarecer una presunta red de explotación sexual que habría operado dentro de esta institución.

Durante el operativo, los funcionarios recopilaron registros de cámaras de seguridad del Edificio Complejo Legislativo y documentos pertenecientes a la Oficina Legal y Constitucional, así como al Departamento de Recursos Humanos. Además, se revisaron archivos de la Oficina de Seguridad en busca de pruebas que respalden las acusaciones.

En medio de esta situación, la bancada de Renovación Popular solicitó la renuncia inmediata del Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flórez.

En un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana Cavides, los legisladores señalaron que la permanencia de Forno Flórez afecta la imagen del Legislativo y pidieron la creación de una comisión multipartidaria para garantizar una investigación imparcial.

Por su parte, Eduardo Salhuana, comunicó que la permanencia de Giovanni Forno como oficial mayor será evaluada por la Mesa Directiva debido a las denuncias sobre una presunta red de prostitución en el citado poder del Estado.

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Es importante recordar que Forno reconoció ser el responsable de la contratación de Jorge Torres como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

Asimismo, Salhuana aseguró que el Congreso está cooperando plenamente con las investigaciones.

“El Congreso de la República no tiene nada que esconder. Todos los actos administrativos son públicos”, afirmó en una conferencia de prensa. Asimismo, negó que la institución esté obstruyendo las indagaciones del Ministerio Público.

En respuesta a la gravedad de las denuncias, el constitucionalista Ángel Delgado Silva fue designado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, en reemplazo de Jorge Torres Saravia, quien es investigado por supuestamente encabezar la red de prostitución. Delgado Silva, abogado y exregidor de Lima, asumirá la tarea de reorganizar el área y supervisar al personal.

Según las investigaciones preliminares, Torres Saravia habría contratado mujeres bajo falsos pretextos, prometiéndoles posiciones laborales como asesoras o secretarias, para luego involucrarlas en actividades ilícitas.

Estas denuncias llevaron al Ministerio Público a iniciar un proceso penal por presunto delito de trata de personas.

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