Congreso: Familiares de 20 parlamentarios son sancionados por OSCE debido a contrataciones
Sanciones por más de S/ 460,000 exponen irregularidades en contratos públicos.
Problemas en el Congreso. Una investigación reveló que al menos 20 parlamentarios tienen familiares involucrados en contrataciones irregulares con el Estado entre 2023 y 2024.
Estos casos, sancionados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), desataron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y vulneraciones a la Ley de Contrataciones. Así lo dio a conocer Ojo Público.
Las resoluciones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) detallan sanciones superiores a S/ 460,000, en su mayoría relacionadas con órdenes de bienes y servicios adjudicadas tras la instalación del actual Congreso.
Entre los casos más destacados figura el del congresista Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular), cuyo hermano Luis Miguel Ciccia obtuvo un contrato con Turismo CIVA S.A.C. por S/ 136,456.62.
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Otro ejemplo es el cuñado del legislador Abel Reyes (Perú Libre), José Antonio Cornejo Acevedo, quien acumuló 11 sanciones por contratos con la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
Asimismo, familiares de congresistas de Fuerza Popular, como los padres de Tania Ramírez García y el cuñado de Mery Infantes Castañeda, enfrentaron sanciones por procesos en empresas como Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L. y Confecciones Herrera S.R.L.
En mayo de 2023, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Eduardo Farah Hayn, suegro de la congresista María del Carmen Alva, fueron sancionados por un contrato con la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa, aunque una medida cautelar suspendió la inhabilitación de la SNI.
Irregularidades en declaraciones
Las investigaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) también evidenciaron irregularidades en las declaraciones juradas de proveedores, quienes negaron vínculos con legisladores pese a las pruebas en su contra.
Según Ojo Público, desde 2021, al menos 38 familiares de parlamentarios obtuvieron contratos con el Estado, aunque no todos los casos culminaron en sanciones. La polémica abre interrogantes sobre la supervisión de estos procesos y las implicancias para la credibilidad del Legislativo.
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