Congreso: Juan Burgos impulsa proyecto de ley para privatizar centros penitenciarios
El parlamentario aclaró que iniciativa no pretende reformar el sistema judicial, sino aliviar las consecuencias del hacinamiento.
El congresista Juan Burgos propuso un nuevo enfoque en la gestión de los centros penitenciarios del Perú al presentar una iniciativa que impulsa su privatización.
El Proyecto de Ley 08685/2024-CR, busca establecer un marco legal que permita la concesión, operación y mantenimiento de las cárceles bajo un modelo de asociaciones público-privadas, con la supervisión del Estado.
Burgos argumentó que contribuirá a “mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario, reducir el hacinamiento en los centros de reclusión y optimizar el uso de los recursos públicos”.
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La propuesta legislativa se sustenta en experiencias internacionales, tomando como referencia los modelos implementados en países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Brasil y Chile.
El integrante de la bancada Podemos Perú destacó que estos países adoptaron marcos legales que permiten la participación privada en la administración penitenciaria, logrando resultados positivos en la descongestión de cárceles y la mejora de las condiciones de vida de los reclusos.
En ese sentido, se apoya en el precedente del Decreto Legislativo 1325, publicado en 2017, que declaraba en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y establecía medidas para su reestructuración.
Este decreto, que ya permitía la participación de asociaciones público-privadas en la construcción de infraestructura penitenciaria, sirve como base para la propuesta actual de Juan Burgos.
El análisis costo-beneficio presentado en la iniciativa legislativa menciona que la privatización de los centros penitenciarios podría traer beneficios como la delegación de la construcción, operación y mantenimiento de las cárceles a entidades privadas, la mejora en la eficiencia administrativa y la reducción de la violencia dentro de estos espacios.
No obstante, también advierte sobre los costos de supervisión y control que el Estado deberá asumir para garantizar el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios privatizados.
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