Congreso: Polémica por exclusión de delito de corrupción en dictamen que limita postulaciones de sentenciados por delitos graves
Sentenciados por terrorismo y drogas sí enfrentan barreras para postularse en 2026.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, un nuevo texto sustitutorio del dictamen que busca restringir la participación de sentenciados por delitos graves en procesos electorales.
Esta decisión, respaldada por 17 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, ocurre después de que el Pleno del Congreso devolviera el proyecto en junio para ajustes, debido a la falta de consenso sobre su contenido original.
El texto aprobado establece que quienes hayan recibido una sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos no podrán postular a cargos de elección popular. Además, en el caso de sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas y delitos contra la seguridad nacional, entre otros, el impedimento subsiste por 10 años tras su rehabilitación.
El congresista Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, destacó la importancia de este dictamen al señalar que “cierra la puerta a todos los condenados por terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA, personas que ahora podrían postular sin controles adecuados”.
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Muñante instó a aprobar la norma sin añadir más delitos al listado, argumentando que hacerlo podría entorpecer su aprobación en el plazo necesario para que aplique en las elecciones de 2026.
Aunque la propuesta redujo el número de delitos considerados respecto a su versión original, el dictamen continúa causando debate. Críticos cuestionan la exclusión de delitos relacionados con corrupción de funcionarios, como peculado y tráfico de influencias, lo que suscitó interrogantes sobre el alcance y efectividad de la norma.
En esa línea, el parlamentario de la bancada celeste señaló: "Yo ruego que podamos aprobar esta norma tal como está. Luego, nos sentamos a debatir si se debe ampliar o no la gama de delitos. Sin embargo, si hoy incluimos ese tema en la discusión, creo que vamos a entramparnos y, finalmente, no lograremos tener un dictamen aprobado hasta abril del próximo año".
Es importante señalar que el texto aprobado será remitido nuevamente al Pleno del Congreso, donde deberá ser aprobado en dos legislaturas para convertirse en ley. Según Muñante, este paso resulta importante para garantizar su implementación antes del plazo establecido en abril del próximo año.
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