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Congreso propone iniciativa legislativa para limitar fondos públicos para consultorías

Pasión Dávila sostiene que la aprobación de esta ley evitaría el gasto de 16 mil millones de dólares al Estado.

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Fecha Publicación: 10/06/2024 - 12:03
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El miembro del Congreso, Pasión Dávila Atanasio (Bloque Magisterial), presentó una iniciativa legislativa que tiene por objetivo limitar los gastos realizados por las entidades públicas en contrataciones de consultorías y locaciones de servicios.

Según el Proyecto de Ley N.° 8120/2023-CR “ley que limita recursos económicos de las entidades públicas en las contrataciones de consultorías”.

Esta iniciativa nace debido a que en 2023, la corrupción y la mala conducta funcional en el sector público peruano costaron aproximadamente S/ 24,268 millones de soles, representando el 12.7% del presupuesto público ejecutado.

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Esta cifra subraya cómo la corrupción no solo implica una pérdida directa de recursos, sino también una desviación de fondos que podrían haberse usado en inversiones productivas y sociales.

A partir de la promulgación de la presente norma, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para implementar procedimientos que prioricen las necesidades urgentes y aseguren la contratación transparente de consultorías, de acuerdo a los Términos de Referencia y los perfiles requeridos.

“El presupuesto para este tipo de contratos no excederá el 5% del Presupuesto Integral Modificado (PIM) correspondiente a cada nivel de gobierno. El cumplimiento de esta Ley es obligatorio en el ámbito administrativo, y cualquier funcionario que exceda el límite establecido será responsable penalmente”, se leyó en el documento.

Sin embargo, es importante considerar el control de gasto público que se llevaría a cabo, ya que la aprobación de esta ley evitaría el gasto de 16 mil millones de dólares, lo que podría ahorrar mucho dinero para el gobierno. Por ejemplo, el gasto en consultorías y similares deberla ser similar al gasto en pensiones, deuda pública y otros gastos.

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