Congreso: subcomisión admite denuncia contra Pablo Sánchez por presuntamente beneficiar a IDL-Reporteros
Informe señala que exfiscal habría recibido favores no patrimoniales a cambio de votos.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, liderada por la congresista María Acuña, aprobó por mayoría el Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional N.º 574/2021-2026 que plantea admitir a trámite la acusación contra el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión de varios delitos penales, aunque declaró improcedente el extremo referido a infracciones constitucionales.
El informe recomienda continuar con el proceso únicamente por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. La acusación fue formulada por un grupo de congresistas de Renovación Popular integrado por Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Noelia Herrera, Cheryl Trigozo, Norma Yarrow, Jorge Zeballos y Diego Bazán, quienes imputaron a Sánchez haber interferido en una diligencia fiscal en 2018.
Según los denunciantes, el exfiscal ordenó suspender un operativo de incautación en la sede de IDL-Reporteros el 10 de julio de ese año, luego de recibir una llamada del periodista Gustavo Gorriti. La intervención, de acuerdo con el informe aprobado, habría vulnerado la independencia funcional del fiscal adjunto Rodrigo Rurush, quien encabezaba la diligencia. Poco después, Sánchez también retiró del caso a la fiscal Nora Córdova.
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Asimismo, el documento sostiene que en 2024 el denunciado habría negociado su voto a favor de Delia Espinoza para la elección de la nueva fiscal de la Nación, a cambio de que esta archivara la investigación penal abierta en su contra por estos hechos. Dicho archivo se concretó en enero de 2025, lo que los congresistas consideran como un acto de cohecho pasivo específico.
“Se advierte un patrón de conducta orientado a beneficiarse indebidamente de su cargo, interviniendo en procesos judiciales para favorecerse o favorecer a terceros”, concluye el informe. El grupo parlamentario sostiene que las acciones del exfiscal no solo vulneraron principios constitucionales, sino que también encajarían en figuras penales que ameritan una investigación más exhaustiva.
La Subcomisión, en línea con la recomendación técnica, declaró improcedente la imputación por infracción constitucional a los artículos 158 y 159 de la Carta Magna, al considerar que no se configuraron elementos suficientes para sustentar esa parte de la acusación.
Por ello, la denuncia tiene como finalidad levantar el fuero del fiscal supremo, para que el Ministerio Público pueda ejercer sus funciones conforme a sus atribuciones.
Previamente, deberá pasar por la Comisión Permanente y, de ser aprobada, será el Pleno del Congreso quien tome la decisión final.
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