Congreso: Subcomisión admite denuncia contra Pedro Castillo por presunto uso indebido de avión militar
Denuncia incluye a familiares directos y funcionarios cercanos al expresidente.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio luz verde a los informes que admiten a trámite denuncias constitucionales dirigidas contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y otras autoridades, durante una sesión encabezada por el legislador Jorge Montoya Manrique, vicepresidente del grupo de trabajo.
Con el voto dirimente del propio Montoya, el grupo parlamentario aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional 304, impulsada por el congresista Edward Málaga Trillo. La denuncia atribuye al exmandatario la presunta infracción a la Constitución, al utilizar presuntamente una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú para fines personales.
Según el documento, Castillo habría empleado un avión militar para trasladarse desde Lima hasta Chiclayo el 23 de junio de 2022, acompañado de varios familiares, entre ellos su sobrino Fray Vásquez Castillo —prófugo de la justicia— y otros allegados. El informe sostiene que estos hechos reflejan “el presunto uso indebido de recursos públicos, particularmente una aeronave militar, para fines personales en abierta contravención a los principios de legalidad, probidad y servicio a la nación”.
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El informe recibió 10 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones. Además, el texto recalca que la denuncia cumple con los requisitos formales estipulados en el artículo 89 del reglamento legislativo.
En paralelo, la Subcomisión también admitió a trámite la Denuncia Constitucional 556, presentada por el congresista Juan Burgos contra el exministro de Economía José Berley Arista. El informe acusa al extitular del MEF de haber infringido los artículos 38 y 126 de la Carta Magna y de incurrir en presunto delito de negociación incompatible, según el artículo 399 del Código Penal. La subcomisión desestimó, sin embargo, otras imputaciones como patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
En este caso, la votación concluyó con 15 votos a favor y uno en contra.
El grupo parlamentario rechazó por improcedente la Denuncia Constitucional 500 contra la exmiembro de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto. Esta denuncia, formulada por el procurador del Poder Judicial, no prosperó y fue descartada con 14 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
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