Congreso votará por proyecto de ley que fortalece control concurrente en obras públicas para enfrentar corrupción
Se ampliará su alcance y presupuesto, para frenar pérdidas de S/24 mil millones al año por corrupción y reactivar 2,476 obras paralizadas.
El Pleno del Congreso se pronunciará mediante votación sobre el dictamen que refuerza el control concurrente, un mecanismo clave en la lucha contra la corrupción, ya que permite prevenir irregularidades en obras públicas e inversiones del Estado.
Asimismo, contempla sanciones —incluyendo de carácter penal— para quienes no atiendan las advertencias emitidas a través de este mecanismo de control.
La iniciativa legislativa, elaborada por la Comisión Especial de Control Concurrente y Anticorrupción a partir de los hallazgos obtenidos en visitas inopinadas a obras e inversiones en distintas regiones del Perú, representa un avance importante hacia una gestión pública más transparente y eficiente.
Así lo expresó el congresista José Luna Gálvez, presidente de dicha comisión, al advertir sobre un preocupante panorama:
“La corrupción le cuesta al país 24 mil millones de soles cada año; miles de obras han duplicado sus costos, e incluso los han superado en más del 1,000%. Además, existen 2,476 obras paralizadas a nivel nacional, lo que representa una inversión de más de S/43 mil millones.
En muchos de estos casos, se pudieron evitar si se hubiera aplicado un control concurrente más firme y con respaldo político real para combatir la corrupción”, manifestó.
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El legislador indicó que la votación en el Pleno será un hito, ya que finalmente se contará con una herramienta efectiva para enfrentar a los corruptos y sancionarlos, incluso con penas de cárcel, por actuar bajo la fachada de servidores públicos o empresarios.
“Esta será una oportunidad para saber quiénes están verdaderamente comprometidos con la lucha contra la corrupción en las obras públicas y quiénes, por el contrario, encubren a los corruptos. El control concurrente ya ha demostrado su eficacia en este combate”, añadió.
Luna Gálvez explicó que la propuesta busca consolidar y expandir el control concurrente como una herramienta obligatoria y vinculante en el seguimiento de inversiones públicas, sobre todo en proyectos de gran magnitud.
“Actualmente, hay intentos por debilitar este mecanismo desde dentro y fuera de la Contraloría, por parte de quienes temen al control. Por eso es importante aprobar esta propuesta que busca cerrar las brechas del sistema de control y dotar a la Contraloría de mayores recursos legales y financieros”, indicó.
La iniciativa establece que todas las inversiones públicas mayores a S/5 millones —incluyendo aquellas ejecutadas mediante obras por impuestos, asociaciones público-privadas y convenios de gobierno a gobierno— deberán ser sometidas a control concurrente por parte de la Contraloría.
Esta supervisión abarcará todas las etapas del ciclo de inversión: desde la formulación y evaluación del proyecto, pasando por su ejecución, hasta su puesta en funcionamiento. El control será obligatorio y acarreará responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que generen perjuicio al Estado.
Además, se contempla restituir el financiamiento destinado al control concurrente al 2% del valor total de cada inversión, luego de que el Gobierno lo redujera al 0,6%.
De acuerdo con la propuesta, dichos recursos se distribuirán de la siguiente manera: 1% para la Contraloría, 0,5% para el Ministerio Público, 0,3% para el Poder Judicial y 0,2% para la Procuraduría.
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