Constitución: La bicameralidad como menosprecio al poder político

Hablamos de la capacidad inobjetable que tiene la población de ser ella misma la que aprueba o desaprueba el marco legal sobre el que opera la Constitución Política en nuestro país, y cuya finalidad no es otra que orientar sabiamente los destinos de una nación.

Se trata de una prerrogativa extraordinaria, excepcional y exclusiva del propio pueblo, para darse a sí mismo el marco constitucional que corresponda de acuerdo a sus intereses y aspiraciones.

Implica aquella capacidad y portento que se denomina como poder constituyente, y que todos, sin excepción, con mayor razón cuando se trata de parlamentarios que representan a la nación, se encuentran por el mismo mandato imperativo de la ley obligados a cumplir sus preceptos, mandatos y sobre todo lo que decide el pueblo a quien representan.

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Implica aquella capacidad extraordinaria que solo le corresponde a la sociedad civil, para que, a través de los procedimientos correspondientes, se decida los destinos de un país en todos y cada uno de sus aspectos.

Por eso, el poder constituyente que representa al pueblo en todo sentido, es originario, único, permanente, eficaz, exclusivo, intransferible, inalienable e imprescriptible.

Me refiero al voto popular mayoritario del 90.5 % de los peruanos, que en el año 2018 rechazaron de manera rotunda y categórica, por mutuo propio, la reforma de la Constitución Política que en aquel entonces planteara por iniciativa propia el exmandatario Martín Vizcarra, con fines de perpetuarse en el poder de manera indefinida y antidemocrática.

Bajo un aparente esquema de legalidad y el constitucionalismo, pretendía a toda costa introducir en nuestro sistema constitucional, la figura de la bicameralidad a través de un proceso de referéndum. Una iniciativa, que como refiero, fue rechazada en aquella oportunidad – y como también debe serlo ahora–, y con mucho mayor razón por la totalidad de peruanos, los mismos que en un acto legítimo y soberano en aquella oportunidad, manifestaron su toral rechazo y desacuerdo a la propuesta de reinstaurar el sistema parlamentario bicameral.

Se intentó modificar la Constitución Política para que nuestro parlamento tuviera dos cámaras legislativas: una cámara baja que debía estar integrada por diputados; y una cámara alta conformada por senadores.

El proyecto del exmandatario Martín Vizcarra pretendía mantener el total de 130 integrantes del parlamento, dividiéndolos entre 100 diputados y 30 senadores. En aquella oportunidad, sectores preocupados manifestaron públicamente que, en realidad, tal iniciativa que pretendía modificar nuestra Constitución Política en esos términos, lo que perseguía era propiciar un golpe de Estado encubierto, como que efectivamente se concretó años más tarde, cuando el mismo exmandatario recurrió a la figura de la denegación fáctica.

Señalo que incorporar dos cámaras legislativas en nuestro medio en los momentos actuales, tomando como referente las condiciones en las que se encuentra nuestro parlamento nacional, relacionadas a la corrupción, inoperancia, impunidad, ausencia de una fiscalización adecuada a su interior, carencia de una ética parlamentaria, ausencia de cuadros técnicos y profesionales, y todo lo que se dice y sabe sobre el foro legislativo sobre su baja popularidad y desaprobación, no solo es reiterar las deficiencias, falencias parlamentarias y las agudas carencias que son motivo de un creciente clamor de rechazo de los mismos ciudadanos, es algo aún mucho peor y peligroso que la situación actual por la que atraviesa el mundo parlamentario: es potenciar a su máxima expresión la situación de falta de idoneidad y capacidad democrática para conducir los destinos y las riendas del país, frente a los graves y agudos dilemas que enfrenta la nación, tanto a mediano como a largo plazo.

Nadie en su sano juicio, por más superficiales y etéreas que sean sus apreciaciones y dilemas sobre el desarrollo parlamentario, puede garantizar que la incorporación de una cámara de senadores en las condiciones actuales implique la solución de los agudos cuestionamientos y críticas de la que es objeto cada día que transcurre.

Señalar en términos categóricos, pomposos, nada creíbles y hasta inverosímiles, que con esta reforma constitucional no solo es un acontecimiento histórico, sino que lo se busca es fortalecer la labor parlamentaria, incorporando un estamento parlamentario superior que se supone desde todo punto de vista llevara a su máxima expresión la labor congresal, no solo no es creíble, sino que carece de toda base estructural y legal que lo sustente.

No se trata de un espacio superior parlamentario de mayor y profunda reflexión, diligencia, análisis y ponderación para tomar las decisiones más adecuadas y correctas, sino del contenido y sentido mismo de la política parlamentaria en nuestro medio, que se supone es el núcleo de la misma democracia, la representatividad y la transparencia en la gestión pública.

Por eso, señalar que a partir de la incorporación de una cámara legislativa alta o superior se suscitara un mayor espacio de reflexión, ponderación y análisis, no solo es desmerecer la misma labor parlamentaria en su totalidad al reconocerse las propias falencias de las que adolece el parlamentarismo en nuestro medio, sino por el contrario, recurrir a un juego de palabras y aseveraciones que no se condicen con la realidad que todos conocemos.

Es tratar de describir un escenario legislativo a futuro, por demás inverosímil, fantasioso y hasta imposible de alcanzar en las condiciones actuales, entre otras razones, porque como todos sabemos la política parlamentaria a su interior en nuestro medio siempre se negocia y distribuye entre un dar, otorgar, conceder y recibir interminables beneficios en forma recíproca, como parte de una misma cadena o correa de transmisión entre poder, oportunidad, corrupción, impunidad, intereses personales y toda una amplia gama de maniobras sinuosas y soterradas para continuar en el poder, todo ello bajo la aparente mayoría parlamentaria de naturaleza arcana que es la que en última decide a espaldas del clamor popular.

Cuando se saborea y degusta el poder y la popularidad en toda su esplendor en el desempeño de una función pública como el parlamentarismo, sobre todo cuando proviene del mismo ejercicio de una labor pública a la que se le otorga la paternidad de la patria, es difícil librarse de esa áurea de impunidad al margen de los beneficios materiales que conlleva el ejerció de una labor pública privilegiada que resulta envidiable para los millones de peruanos que padecen todo tipo de carencias cada día que transcurre.

Hablamos de los mismos parlamentarios, que por razones más que obvias, deciden aprobar la bicameralidad en nuestro medio a la que catalogan incluso como histórica, siempre en el entendido que por encima de todo, lo que se pretende es volver a ser reelegidos ahora en una instancia superior, no solo abusando de la labor funcional que desempeñan amparada por la inmunidad parlamentaria en todos los términos, sino olvidando al pueblo que fue quien los eligió con su voto mayoritario.

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