Copamiento sistemático de entidades públicas

Desde que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra se ha caracterizado por combatir voces disidentes no solo en foros políticos, sino en instancias independientes o autónomas, como el Ministerio Público, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República.

Ahora se suma el sistema de procuradurías. Apenas estalló el caso de los “Cuellos Blancos”, el mandatario presentó proyectos para reformar la justicia, eliminando el CNM, y colocando a una Junta Nacional de Justicia para nombrar, ratificar o sacar jueces y fiscales.

Se gastaron millones de soles en un referéndum para esto, pero hasta ahora la JNJ no se puede instalar. Luego declaró la guerra a Pedro Chávarry cuando este asumía la Fiscalía de la Nación.

CHINCHERO 

El magistrado había reabierto el caso Chinchero –archivado por Pablo Sánchez y José Pérez- y ni siquiera asistió a la ceremonia de asunción del cargo.

Esto coincidía con el apoyo del Poder Ejecutivo a que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht sea secreto, a pesar de que Chávarry y Rafael Vela habían ofrecido publicarlo, pero este último cambió de opinión.

Con la ayuda de la prensa oficialista, que le dedicó miles de notas a denuncias –casi todas archivadas ahora- contra el entonces titular del Ministerio Público, Vizcarra ganó el apoyo del grueso de la opinión pública para reemplazar a Chávarry con Zoraida Ávalos.

Luego disolvió el Congreso apelando a una interpretación auténtica de la Constitución, acusando una “denegación fáctica” de la cuestión de confianza a un gabinete ministerial.

Gracias a esto, el actual gobierno no tiene contrapesos políticos, a pesar de lo cual ha debido remover a Jorge Meléndez y a Zulema Tomás de los ministerios de Desarrollo y de Salud por serios indicios de corrupción.

Ahora va por el sistema de control del Estado. Este va desde el Ministerio Público, como titular de la acción penal, hasta la Contraloría General de la República, facultada hasta para hacer observaciones cuando ve un incorrecto uso de los recursos del Estado.

Aquí entra a tallar el actual Consejo de Defensa Jurídica, que pasaría a ser la Procuraduría General.

“La Procuraduría no defiende intereses del Ejecutivo o del gobernante de turno, sino del Estado. Ahora estaría en condición de vulnerabilidad, con procuradores que no tienen permitido formular denuncias, obligación que tienen ellos porque, si no, incurrirían en omisión de funciones”, explicó Ampuero.

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