Delia Espinoza y fiscales supremos en cuerda floja: subcomisión del Congreso admite denuncia por desobedecer a JNJ
Denunciantes aseguran que se rechazó intencionalmente restitución de Patricia Benavides.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el Informe de Calificación que declara procedentes las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y tres fiscales supremos por presuntamente desacatar una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.
Bajo la presidencia de María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), el grupo de trabajo dio luz verde a la Denuncia N.º 607/2021-2026 que imputa a Delia Espinoza Valenzuela, Pablo Sánchez Velarde, Juan Carlos Villena Campana y Zoraida Ávalos Rivera haber incurrido en infracciones a los artículos 43, 45, 139.2 y 154.3 de la Constitución.
Además, se les atribuye la posible comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, conforme al artículo 368 del Código Penal, y usurpación de función pública, tipificada en el artículo 361.
Los congresistas denunciantes —Alejandro Muñante, Miguel Ciccia, Jorge Zaballos, Norma Yarrow, Diego Bazán, Cheryl Trigozo, María Córdova y Noelia Herrera— sostienen que los fiscales denunciados omitieron deliberadamente cumplir con la Resolución N.º 231-2025-JNJ, que ordenaba la restitución de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación.
“Los altos funcionarios del Ministerio Público no solo desacataron una orden vinculante de la JNJ, sino que lo expresaron públicamente mediante un pronunciamiento institucional”, alegan los denunciantes en el informe aprobado.
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También acusan a Delia Espinoza de haber continuado en funciones pese a haber sido cesada formalmente, lo que configuraría una posible usurpación.
El documento precisa que estos actos habrían vulnerado principios constitucionales como la separación de poderes y la sujeción al orden normativo. Asimismo, remarca que la negativa expresa de ejecutar la resolución constituye resistencia a la autoridad y, en el caso de Espinoza, se sumaría la continuidad indebida en el cargo.
En consecuencia, la subcomisión declaró improcedente la imputación por usurpación de función pública, pero respaldó la denuncia por infracciones constitucionales y desobediencia a la autoridad. Ahora, el informe pasará a la Comisión Permanente, que deberá decidir si procede o no con la acusación ante el Pleno del Congreso.
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