Demora de Dina Boluarte favoreció a vocero presidencial, Fredy Hinojosa: mandataria no promulgó a tiempo ley que restituye detención preliminar
Fiscalía pidió detener a funcionario por caso de conservas en mal estado y corrupción en Qali Warma, pero PJ rechazó solicitud, basándose en Ley 9733, que limita el arresto a casos de flagrancia.
El Ministerio Público solicitó la detención preliminar por 10 días del vocero presidencial Fredy Hinojosa, así como de Burga Malca Nilo y de su hijo Oliver Burga Farro, gerente de Frigoinca, por el caso Qali Warma, pero el Poder Judicial denegó este pedido, basándose en la Ley 9733, todavía vigente, que limita la aplicación de la detención preliminar solo para casos de flagrancia.
La tarde del último martes, el Congreso de la República envió al Poder Ejecutivo la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar sin necesidad de flagrancia, pero hasta anoche la presidenta Dina Boluarte no la promulgaba. De esta demora se benefició vocero presidencial y exdirector de Qali Warma.
La vivienda de Hinojosa Angulo, ubicada en Pueblo Libre, fue allanada en una diligencia que duró más de ocho horas en su domicilio.
La Fiscalía había solicitado la detención preliminar por 10 días en el marco de una investigación por corrupción, ya que Hinojosa enfrenta acusaciones por organización criminal, colusión, cohecho y otros delitos.
Sin embargo, ante esta situación, el Poder Judicial solo autorizó el allanamiento de su vivienda y las de otras 14 personas implicadas, pero no la detención preliminar de Hinojosa.
Presunta red criminal
La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Cuarto Despacho) dirigió la diligencia de allanamiento con fines de incautación en 17 inmuebles vinculados a 14 investigados por el delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo propio; por presuntos hechos de corrupción relacionados a la comercialización de conservas en mal estado al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
La diligencia se desarrolló, de manera simultánea, en 10 distritos de Lima Metropolitana y en Huaura; donde se incautaron documentos y dispositivos relevantes para la investigación, cuyos contenidos serán sometidos a los procedimientos de visualización y extracción de información autorizados judicialmente.
Según la investigación fiscal, esta presunta organización criminal estaría constituida, promovida, financiada, integrada y vinculada por los miembros de la empresa Frigoinca y funcionarios o servidores públicos del programa Qali Warma.
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Ellos habrían operado bajo un mecanismo de corrupción consistente en la entrega de sobornos a diversos funcionarios del mencionado programa de alimentación, de la Dirección General de Salud (Digesa), y otras entidades del Estado y personas particulares, desde aproximadamente el 2020.
Los inmuebles allanados pertenecen a trabajadores de Frigoinca: Nilo Burga (presunto cabecillar de la organización); Michael Burga, Edgar Capani, Alejandro Mendiola y Noemí Alvarado (miembros clave); y Delia Zavaleta, Oliver Burga y Paul Burga (integrantes).
También se allanó las viviendas de los presuntos miembros de la red criminal en su condición de funcionarios y servidores públicos de Qali Warma, estos son: el ex director ejecutivo de Qali Warma Fredy Hinojosa, y los servidores públicos de ese programa Víctor Salazar, Davilton Rodríguez, Deyvis Espinoza, Miguel Rosales, Yesabella Pazos (personas clave), José Mera, Luis Álvares, Jean Chuquibala, Bredt Matos, José Floriano y Angel Apagueño (integrantes).
El Poder Judicial también confirmó la incautación de 1,140 conservas de la marca Don Simón que fueron inmovilizadas, el 17 de noviembre pasado, por ese despacho fiscal en un almacén ubicado en Lima Norte
Beneficio propio
Para la excongresista Rosa Bartra, cuando se apresura la promulgación de leyes se cometen errores, lo cual no está bien porque da la apariencia de que se hacen modificaciones, de manera encubierta, en beneficio propio.
“Cuando se aprueban normas de forma precipitada, se pueden cometer errores como el que ha cometido el Congreso de la República al no revisar íntegramente el proyecto de ley aprobado, dejando pasar una reforma de fondo del Código Procesal Penal dentro de lo que eran normas para la protección del trabajo de la Policía. Esto no está bien porque da la sensación, aunque no lo sea, de que se hacen modificaciones de contrabando en beneficio propio”, explicó Bartra.
Sostuvo que los cambios en el Código Procesal Penal son necesarios para frenar los abusos que, durante mucho tiempo, un sector de la Fiscalía ha ejercido especialmente sobre los políticos. No obstante, señala que el debate de fondo sobre reformas importantes debe ir acompañado del conocimiento de la población. “Espero que el Congreso haya hecho bien en retroceder y que en la legislatura que comenzará en marzo del próximo año, todas las reformas estén acompañadas de un debate público necesario, para darle legitimidad a los cambios que implementen”, agregó.
Sin embargo, al enterarse de que el vocero presidencial no pudo ser detenido preliminarmente, como lo había solicitado la fiscalía, Bartra saludó que el Congreso haya corregido la norma que prohibía la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“La oportunidad en la que el Congreso realizó el cambio es precisamente lo que los ha llevado a retroceder, en un momento en el que los políticos son acusados de graves actos de corrupción que podrían ameritar detención preliminar. La población lo sintió y por eso hubo una protesta grande, pensando que el Congreso legisló en su propio beneficio. Como la norma aún está vigente, ha impedido que un juez pueda ordenar la detención preliminar solicitada para Fredy Hinojosa y otros investigados por graves actos de corrupción”, argumentó.
Bartra subrayó que quien se atreve a delinquir afectando la alimentación de los más vulnerables, especialmente niños y escolares, debería recibir una sanción ejemplar.
“Veremos qué sucede en los próximos días. Que no se haya logrado la detención preliminar no impide que la investigación continúe y tenga éxito en sancionar a los responsables, en caso los haya. Aquí han sido favorecidos todos los casos de corrupción en los que el delito no ocurra en flagrancia”, concluyó.
“Diligencia arbitraria”
Por su parte, el vocero presidencial calificó el allanamiento de su domicilio como un procedimiento arbitrario.
“Es una diligencia que considero arbitraria. Durante mi gestión no hubo intoxicación alguna”, declaró.
Hinojosa aseguró que las intoxicaciones se produjeron después de que él dejara el cargo. “Es importante establecer el marco cronológico: las intoxicaciones ocurrieron después de mi salida. La empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma mientras yo estuve a cargo. Esta comenzó a participar en 2023, bajo la administración de la presidenta Dina Boluarte”, afirmó.
Según Hinojosa, Frigoinca empezó sus operaciones en 2017, vendiendo productos alimentarios al mercado. “Cuando surgieron estas denuncias, el programa actuó de inmediato, comunicando a las autoridades sanitarias, inmovilizando los productos y formulando las denuncias penales correspondientes. Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante mi gestión. Recién en 2023 participó en un proceso de compras y suscribió un contrato”, explicó.
También negó tener algún vínculo con Nilo Burga, presidente del directorio de Frigoinca, asegurando no conocerlo, a pesar de que existe una foto en la que aparecen juntos. “No lo conozco ni he tenido ningún vínculo con este señor. No hay pruebas que me vinculen con las intoxicaciones ni con omisiones o irregularidades en mi gestión. El Ministerio Público tiene toda la documentación para aclarar los hechos”, dijo.
Hinojosa reiteró que las intoxicaciones, como las ocurridas en Chota, Cajamarca, se produjeron después de su mandato, cuando Dina Boluarte ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Respecto a que se habría beneficiado por la no promulgación de la norma que modifica la detención preliminar, afirmó que la restricción de los derechos de las personas implica estándares de legalidad que no pueden ser arbitrariamente dejados de lado por tema político o por ser vocero.
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