Desde Congreso se propone ley para frenar compra de vehículos de alta gama en PNP: ¿cuáles son los argumentos?
Iniciativa parlamentaria surge en medio de duras críticas por gastos innecesarios.
En medio de una creciente controversia por la adquisición de vehículos de lujo en la Policía Nacional del Perú (PNP), un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley que busca prohibir la compra de automóviles de alta gama por parte de entidades estatales.
La propuesta, impulsada por Juan Burgos y respaldada por los parlamentarios José Luna Gálvez, José León, Luis Raúl Picón Quedo, Francis Jhasmina Paredes Castro, José Alberto Arriola Tueros y Guido Bellido Ugarte, apunta a frenar los gastos suntuarios y reforzar el principio de austeridad.
El proyecto establece que ni la PNP, ni el Ejército, ni la Marina de Guerra, ni la Fuerza Aérea, así como los ministerios y el Congreso, podrán adquirir vehículos cuyo valor supere las 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente S/ 63,000.
También prohíbe la compra de autos con características de lujo o marcas reconocidas por su alto costo, salvo que sean indispensables para fines operativos.
La iniciativa surge tras revelarse que el Comando Policial, liderado por el teniente general PNP Víctor Zanabria Angulo, aprobó la compra de 168 vehículos por S/ 17.3 millones, incluyendo ocho camionetas Audi Q5 valorizadas en más de S/ 200 mil cada una.
Estas unidades se asignaron a oficiales del alto mando, entre ellos el comandante general y miembros del Estado Mayor.
El documento advierte que estas compras generan un “impacto negativo en la confianza ciudadana” y desvían fondos que podrían destinarse a mejorar servicios de seguridad y equipamiento.
La norma contempla excepciones solo para vehículos blindados destinados al traslado de dignatarios en misiones diplomáticas y unidades técnicas especiales para operaciones de alto riesgo.
En ambos casos, la compra deberá contar con autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República, que además fiscalizará el proceso “en tiempo real”.
Las entidades que incumplan enfrentarán la nulidad de sus adquisiciones y sanciones administrativas, civiles y penales. Si se aprueba, la ley será reglamentada por el Ejecutivo en un plazo de 60 días y entrará en vigencia tras su publicación oficial.
Este proyecto, impulsado por el expresidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, marca su reaparición pública, luego de su alejamiento del debate mediático pese a haber promovido investigaciones clave que no prosperaron en su momento.
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