Dina Boluarte intenta justificar su aumento salarial con tecnicismos y evita responder si lo merece
Mandataria rompió su silencio tras más de 250 días sin conferencias de prensa.
Después de 259 días sin responder preguntas directas de la prensa, la presidenta Dina Boluarte reapareció este domingo 6 de julio en una conferencia convocada para hablar sobre formalización minera. Sin embargo, lo que realmente marcó la jornada fue su evasiva reacción ante el cuestionamiento por el reciente aumento de su salario, que pasó de 16 mil a más de 35 mil soles mensuales.
Un reportero del canal 5 fue el primero en incomodar a la mandataria con una pregunta directa: “¿Realmente se merece el sueldo cuando los niveles de inseguridad han alcanzado cifras históricas? Se le han abierto siete investigaciones por el caso Cirugías, Rolex, las muertes en las protestas, la desactivación del Equipo Especial PNP. ¿Su desempeño justifica su aumento? ¿Usted se merece su sueldo?”. La consulta puso en evidencia la tensión acumulada durante meses y la creciente brecha entre el gobierno y la ciudadanía.
Boluarte respondió visiblemente molesta, alegando que la pregunta no tenía relación con el motivo de la conferencia. Inicialmente prometió responder al final, pero al verse presionada por la insistencia periodística, ofreció una vaga explicación técnica: su aumento sería resultado de la migración del Despacho Presidencial al régimen del servicio civil (Servir).
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“Estamos cumpliendo con el programa Servir”, afirmó, como si el trámite administrativo bastara para justificar el incremento. No mencionó en ningún momento si consideraba que su gestión, marcada por escándalos y una crisis de legitimidad, merecía una mejora salarial. Tampoco se refirió al hecho de que su aprobación no supera los dos dígitos.
El contexto no la favorece: Boluarte enfrenta al menos siete investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción, entre ellos el caso “Rolex”, sus cirugías estéticas, y las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Además, ha sido criticada por la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba a fiscales anticorrupción.
El contraste entre la realidad del país y el aumento de sueldo presidencial resulta difícil de justificar. Mientras la ciudadanía enfrenta niveles récord de criminalidad, precariedad laboral y desconfianza institucional, la presidenta opta por un silencio evasivo o argumentos meramente burocráticos para defender lo indefendible.
Lejos de aclarar dudas, la intervención de Boluarte evidenció un divorcio profundo entre Palacio y la calle. La falta de autocrítica, la resistencia al escrutinio y el tono tecnocrático con el que intenta sortear cuestionamientos éticos muestran a una mandataria cada vez más aislada y ajena a las prioridades del país.
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