Dina Boluarte responsabiliza a minería ilegal por muertes en protestas y promete firmeza sin pactos
Mandataria condenó los crímenes cometidos por redes vinculadas al oro ilegal.
La presidenta Dina Boluarte denunció públicamente a la minería ilegal como promotora de violencia, crimen organizado y destrucción ambiental, y afirmó que su gobierno no negociará con quienes considera responsables de la muerte de ciudadanos durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
“Esta minería ilegal no tiene cabida en nuestro país. Son los responsables de los dos ciudadanos fallecidos en sus últimas acciones violentas”, declaró la jefa de Estado durante una alocución oficial.
Añadió que esos sectores ilegales “organizan y promueven la trata de mujeres, la explotación del trabajo infantil y el abuso a los trabajadores en condiciones semejantes a la esclavitud”.
Desde el Ejecutivo, Dina Boluarte aseguró que su administración restableció el orden interno y que no permitirá que el Perú vuelva a los escenarios de caos registrados en los primeros meses de su mandato.
“No vamos a permitir que el caos y la violencia se apoderen del Perú como pretendieron hacerlo durante los nefastos días de diciembre de 2022 y los tres primeros meses del año 2023”, subrayó. Asimismo, la mandataria vinculó a la minería ilegal con los factores que detonaron la crisis política y social de finales de 2022.
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Según sostuvo, esas actividades no solo vulneran el medio ambiente y los derechos humanos, sino que también “afectaron el crecimiento de la economía, generaron desempleo y agudizaron la pobreza en todo el país”.
Boluarte recalcó que su gobierno mantendrá una posición clara: respaldará a los mineros informales que decidan acogerse a la formalización conforme a los mecanismos legales. “El minero informal que se formalice recibirá el beneficio que la Constitución peruana establece”, afirmó.
Con estas declaraciones, la presidenta endurece su discurso contra una actividad que, según organismos internacionales, mueve miles de millones de dólares en la ilegalidad y representa uno de los principales retos en la lucha contra el crimen organizado en regiones como Madre de Dios, Puno, Amazonas y La Libertad.
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