Eduardo Arana niega presiones del Ejecutivo en casos del Ministerio Público: “No pactamos con la corrupción”
El premier descartó tajantemente que su gabinete busque influencias en el sistema fiscal.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, descartó este miércoles cualquier intento del Ejecutivo por interferir en la autonomía del Ministerio Público y afirmó de manera categórica que no existe denuncia alguna por corrupción que comprometa a la presidenta Dina Boluarte o a alguno de los ministros de su gabinete.
“Este gobierno no pacta con la corrupción”, resaltó Arana durante una conferencia de prensa, donde respondió a versiones que apuntaban a un presunto interés del Ejecutivo por influir en decisiones fiscales.
El jefe del Gabinete Ministerial enfatizó que las sospechas que circulan en medios y redes sociales carecen de sustento legal y provienen, según dijo, de “especulaciones sin base procesal ni material”. Agregó que, si bien algunas investigaciones se han iniciado, estas no se originan en hechos concretos atribuibles al gobierno, sino en conjeturas que han escalado hasta el Congreso sin resultados firmes.
“Ni la señora presidenta ni los ministros han sido denunciados por actos de corrupción. Muchas de las denuncias han nacido de noticias alimentadas por especulación, y han terminado siendo desestimadas en el Congreso por carecer de sustento jurídico”, afirmó.
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Arana también expresó su preocupación por el actual estado del sistema judicial, al que calificó como “objeto de numerosas críticas” que no se originaron en esta gestión. “No vamos a destruir la institucionalidad. Por el contrario, creemos que debe fortalecerse. Pero cuando una institución no cumple sus funciones o desobedece normas, eso también nos debe preocupar como Estado”, puntualizó.
Estas declaraciones surgen en un contexto marcado por las afirmaciones del exasesor Jaime Villanueva, quien en calidad de colaborador eficaz declaró ante el Ministerio Público que la presidenta Boluarte le habría solicitado a la exfiscal Patricia Benavides el archivo del caso por presunto genocidio y violaciones a derechos humanos, a cambio de remover al jefe de la Sunat, Luis Vera Castillo.
Según Villanueva, dicha reunión habría ocurrido en un inmueble de Miraflores, con la presencia de la mandataria, su hermano Nicanor Boluarte y el abogado Óscar Nieves. El testimonio, recogido en un documento fiscal, sostiene que Benavides buscaba favores para su entorno familiar, mientras la jefa de Estado pretendía blindarse legalmente.
Frente a esta versión, el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, negó toda relación con Erika Villanueva, señalando que su defendida “no tiene ninguna conexión” con las personas mencionadas en la declaración y cuestionó la credibilidad del testigo.
En paralelo, el Poder Judicial ordenó recientemente la suspensión por 24 meses de la fiscal suprema Patricia Benavides, quien además había sido repuesta como fiscal de la Nación. Esta medida responde a una investigación por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en el marco del caso "Cuellos Blancos del Puerto".
Las versiones que sugerían un eventual respaldo del Ejecutivo a Benavides para su regreso al cargo quedaron así neutralizadas. Arana negó de plano cualquier interés en el manejo del Ministerio Público y reiteró que la prioridad del gobierno es preservar la institucionalidad democrática.
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