El Colegio de Ingenieros contra Acuerdo de Escazú
Asegura que debilita la capacidad del Estado y ahuyenta las inversiones nacionales y extranjeras.
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) exhortó al Congreso de la República a no ratificar el Acuerdo de Escazú, y advirtió que ocasionará graves perjuicios a nuestro país, como debilitar la capacidad del Estado y la vulneración de la soberanía nacional.
Mediante un pronunciamiento, detalló que si ese tratado entrara en vigencia en el Perú, logrará crear la categoría de “defensores ambientales a las personas con derechos superiores al resto de los ciudadanos”.
“Debilitará, aún más, la ya disminuida capacidad del Estado, mediante la designación ajena al aparato estatal de las denominadas instituciones imparciales autónomas. Además, permitirá la creación de ciudadanos especiales, lo cual es anticonstitucional y peligroso, porque propiciaría la ruptura de la igualdad ante la ley y agudizaría la conflictividad social”, precisa el documento.
Luego, el Colegio de Ingenieros del Perú alertó que el acuerdo –también– ahuyentará las inversiones al establecer mecanismos incorrectos en los procesos judiciales ambientales. Ello, remarca, promoverá las acusaciones sin sustento, condenando a las empresas a invertir tiempo y dinero en defensas técnicas y legales.
“Ahuyentará las inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país, paralizando los proyectos viales en perjuicio del desarrollo nacional y aumentando la brecha socioeconómica”, abunda al respecto.
EN 2018
El Acuerdo de Escazú fue firmado en el 2018 por la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. Hace unas semanas, el canciller Mario López pidió al Congreso de la República la ratificación del tratado y, a la vez, un debate del tema.
YA EXISTE
El Colegio de Ingenieros del Perú recordó que el Perú cuenta desde hace 18 años con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y desde hace 15 años con la Ley General del Ambiente, que contempla tres derechos ambientales referidos en el Acuerdo de Escazú.
“El marco ambiental institucional que regula y supervisa el cumplimiento de esos derechos es moderno y sólido. Desde hace 12 años funcionan el Ministerio del Ambiente (Minam), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)”, menciona.
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