El gran bonetón en el Congreso: nadie asume la responsabilidad
La mayoría de jefaturas del Legislativo están ocupadas por personas ligadas a APP.
Desde hace un par de años, la presidencia del Congreso de la República está en manos de Alianza para el Progreso (APP), que cogobierna con Boluarte.
La mayoría de jefaturas del Legislativo están ocupadas por personas ligadas a APP, entre ellos Carlos Luis Pais Vera, quien de jefe de RR. HH. pasó a director general de Administración del Congreso; Haidy Figueroa, de directora de Extensión y Proyección Universitaria de la Universidad César Vallejo, se convirtió en jefa de RR. HH.; el jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, William Federico Alcántara Infantes, fue asesor del excongresista Richard Acuña; la jefa del Área de Presupuesto, Roxana Yolanda Ríos Mendoza, fue tesorera de APP; Iván Saldaña, de asesor de la bancada de APP, pasó a ser jefe de Servicios Generales; William Alcántara corrió la misma suerte al ser jefe de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Jorge Cruzalegui, de jefe de la Oficina de Estudios de Preinversión en el Gobierno Regional de Lambayeque, pasó a jefe del Área de Planeamiento, y Jorge Torres, jefe de la Oficina Legal (recientemente destituido). Todos ellos tienen en común su conexión con la Universidad César Vallejo y/o con César Acuña, fundador de APP.
Además, al menos 28 excongresistas tienen puestos en el Parlamento. Luis Iberico, de asesor de la presidencia de la Mesa Directiva en la época de Alejandro Soto, hoy es embajador del Perú en España. Marisol Espinoza fue nombrada directora general de Administración, aunque después renunció. Alejandra Aramayo, de Fuerza Popular, se inscribió en APP y, de asesora de la bancada, pasó a ser jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. Manuel Masías es asesor en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En la Comisión de Transportes trabajan los exparlamentarios Luz Cruz y Eduardo Carhuaricra. Arturo Maldonado, hoy militante de APP, es asesor principal de la no agrupada Karol Paredes, ex Acción Popular, y José Risco, exparlamentario por Unidad Nacional y exmilitante de APP, asesora a Gladys Echaíz.
En febrero del año pasado, Boluarte afirmó: “Usted es el papá de La Libertad y yo soy la mamá de todo el Perú, y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y hermanos”. Matrimonio político sin conjeturas.
APP tiene un rol protagónico en el Legislativo. Al ser la tercera bancada mayoritaria, tuvo la presidencia con Alejandro Soto (implicado en los testimonios del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva); Lady Camones en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que archivó las investigaciones contra las congresistas de su bancada Magaly Ruiz y María Acuña, denunciadas por recortar los sueldos de sus trabajadores.
De los 76 aportantes que declaró APP ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 22 han obtenido un puesto en el Congreso. Es decir, casi la tercera parte de los financistas de APP ocupan un cargo en el Parlamento.
Cada legislador debería contar con un máximo de siete trabajadores (asesor principal, asesor II, dos técnicos, un auxiliar, un asistente y un coordinador). No obstante, cuando un congresista asume la presidencia de alguna comisión, también contrata personal de confianza. Lo mismo sucede en la Mesa Directiva y en las oficinas que dependen de las vicepresidencias, lo que genera que el número de trabajadores por congresista sea más disperso de lo que debería.
APP ha elaborado el mayor presupuesto en lo que va de este siglo y, con el retorno a la bicameralidad, no habrá austeridad. Este año, con Alejandro Soto en la presidencia, el Congreso pidió un crédito suplementario de S/ 67 millones. El Ejecutivo le otorgó S/ 50 millones. Una de las razones para pedir esa cifra fue la revalorización de puestos (aumento de sueldos) de los trabajadores. Con la gestión de Eduardo Salhuana, se pidió incrementar el presupuesto para este año a S/ 1,412 millones, en base a un informe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Con estos incrementos, vale la pena preguntarse si mejoró el desempeño del Legislativo. A menos de dos años del retorno de la bicameralidad, lo concreto es que no hay austeridad, solo despilfarro.
En diciembre estalló la presunta existencia de una red de prostitución dentro del Parlamento que funcionaba a cambio de votos, lo que incluso originó el asesinato de una trabajadora del Congreso.
Durante la gestión de Jorge Torres Saravia, la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, que jefaturaba, incrementó su presupuesto de planilla en más del 100 %. De tener cuatro trabajadores, llegó a tener hasta 12, y la mayoría correspondieron a mujeres de entre 25 y 31 años. Algunas de ellas fueron Andrea Vidal y sus amigas Isabel Cajo y Karla Ruiz.
En agosto de 2023, cuando Torres asumió la jefatura, esa oficina tenía cuatro personas: tres varones y una mujer. Al año siguiente, el total de personas contratadas en esa oficina ascendió a 12, de los cuales siete eran mujeres. En el caso de Isabel Cajo, quien ofrecía contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, ingresó como técnica en la oficina de Torres. Tres meses después, su remuneración se duplicó, a pesar de que aún no habría finalizado sus estudios superiores. En la actualidad, Cajo labora en el despacho del legislador Edwin Martínez, de la bancada de Acción Popular.
Torres, actualmente investigado por presunta explotación sexual, fue designado jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso durante la presidencia de Alejandro Soto y se mantuvo en el puesto en la gestión del congresista Eduardo Salhuana, hasta que fue destituido tras la muerte de la abogada Andrea Vidal.
MÁS INFORMACIÓN: Fiscalía citó a declarar a fallecida Andrea Vidal en caso de red de prostitución en Congreso, revela Milagros Leiva
A fines de noviembre, la Mesa Directiva aprobó comprar un edificio en el Centro de Lima por US$ 13 millones para implementar las instalaciones de los diputados y senadores cuando el Congreso funcione con el sistema bicameral. Para el año fiscal 2025, la proyección de esta institución es destinar S/ 277 millones para adaptar su infraestructura al funcionamiento del sistema bicameral. Luego de las elecciones de 2026, el Legislativo tendrá 130 diputados y 60 senadores.
Finalmente, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, en conferencia de prensa sostuvo que “se evaluará la continuidad de siete jefaturas, entre ellas la Dirección General de Administración, de Logística, de Recursos Humanos y de Finanzas, y se reestablecerá el Estatuto del Servicio Parlamentario y se revisarán las contrataciones de personal”. Olvidándose olímpicamente que el Estatuto del Servicio Parlamentario está preceptuado en el artículo 41 del Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, y prevé que: “El personal del Congreso cuenta con un Estatuto del Servicio Parlamentario, el mismo que enmarca el desarrollo de la carrera, rige los derechos y responsabilidades propios del desempeño y permanencia en el Congreso, y en el que se establece la estructura orgánica y atribuciones de la administración. El Estatuto del Servicio Parlamentario tiene por finalidad permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su estabilidad y progresión regular en la carrera, facilitar su desarrollo y promover su realización personal en el desempeño de las responsabilidades que le corresponde cumplir al servicio parlamentario. En él se precisan los aspectos especiales del régimen laboral y la misión específica de los cuerpos especializados, debiendo contemplarse la creación de un registro en el que se detalle todo el personal del Congreso, cualquiera sea su régimen laboral y forma de contratación, así como el régimen pensionario y demás información individual del trabajador”.
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