El plan secreto de la brasileña Odebrecht

No es difícil llegar a la conclusión -con cifras en mano- que en el arbitraje presentado por la firma española Enagás, consorciada de Odebrecht y Graña y Montero en el gasoducto del sur, están incluidas las pretensiones económicas de resarcimiento que exigen estas dos últimas constructoras en el citado proyecto gasífero fallido.

Esto porque en junio del 2018 Enagás presentó la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y fijó en la suma de 511 millones de dólares sus expectativas unilaterales, y en agosto del 2019 la subió a 1,980 millones de dólares. Es obvio que el incremento se debe se debe a la inclusión de Odebrecht y Graña y Montero, como señalan los entendidos.

La última demanda de Odebrecht en el mismo Ciadi, por 1,200 millones de dólares, tiene como argumento un supuesto trato discriminatorio por la publicación del DU-003-2017, que le retenía los fondos de los ingresos para el pago de la reparación civil. Sin embargo, el comunicado publicado por Odebrecht se refiere a la devolución de su inversión en el gasoducto.

¿Las dos demandas nos dicen que Odebrecht tiene doble vía de cobro por el gasoducto? Difícil de creer porque es obvio que la constructora brasileña puede retirar –sin problemas– la última demanda y recuperar su inversión ya sea en trato directo con el gobierno de Vizcarra, como ya lo vino haciendo, o por la vía del arbitraje presentado por su socia Enagás.

Ese es el juego secreto de la transnacional del delito: retirar su demanda reciente, y, obvio, el Gobierno y los fiscales Lava Jato presentarían esta decisión como un triunfo “histórico” de la “lucha anticorrupción” en los medios de comunicación oficialistas.

Luego, como era la misión del ministro renunciante Juan Carlos Liu, licitarían de inmediato el gasoducto y los bienes del consorcio, que sospechosamente custodia el Gobierno- para ser vendidos. Se calcula que se recabaría más de 2,000 millones de moneda verde.

Con lo recaudado pagarían a Odebrecht, Enagás y Graña y ese hecho también sería presentado mediáticamente como otra gran victoria de Vizcarra y sus hombres.

ES UNA TRAMPA

En consecuencia, el arbitraje de los 1,200 millones en el Ciadi no es más que una trampa cazabobos, porque Odebrecht tenía puestas sus esperanzas en la negociación con funcionarios del Gobierno, quienes previamente deberían ampliar el plazo de tres años -que vencía en enero de 2020 - para que Odebrecht no recurra al Ciadi por el caso del gasoducto.

En eso andaba el empeñoso Jorge Ramírez en los despachos de los entonces ministros de Justicia (Ana Revilla), Energía y Minas (José Carlos Liu), y Economía y Finanzas (María Antonieta Alva), buscando incluso –con proyecto de acta en mano– que firmen el pedido de Odebrecht, con el argumento de que el acuerdo de colaboración eficaz estaba en peligro, hasta que su inexperiencia y falta de tino lo chamuscaron.

No solo eso, sino que un día antes de la fatídica reunión Liu-Ramirez, el 8 de enero pasado, también se reunieron en el despacho del fiscal Rafael Vela el mismo Ramírez, con el director Jurídico de Odebrecht, Rogeiro Bautista, acompañado por Ricardo Weyll, el principal abogado de la empresa en el Perú y su colega José Allemant.

De forma que el arbitraje de Enagás, que es el seguro de las consorciadas del gasoducto por los 1,980 millones de dólares, pasaría al olvido para las autoridades y por su prensa aliada en este plan maquiavélico de los cariocas.

De paso se afirma que “Odebrecht ya no tendrá presión para abrir los servidores My Web Day y Drousys, que están en Suiza y donde existen más ‘codinomes’ comprometedores”.

Un eventual resarcimiento de los 1,980 millones de dólares en la vía del arbitraje en Ciadi o los 2,000 millones de dólares que reclamarían en una negociación directa con las autoridades del Gobierno, nos dice que estamos hablando de más de 6,500 millones de soles.

Una cifra que decuplica la reparación civil de 610 millones de soles pagaderos por la constructora corrupta en 15 años. Pero con el estallido del escándalo Liu-Ramírez-Revilla el libreto se complica.

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