Empresas beneficiarán a partidos políticos: Ejecutivo promulga ley de financiamiento privado
Explican que el apoyo a las organizaciones políticas no solo será con dinero sino en especies para sus campañas.
La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que permite el financiamiento privado de más de un millón de soles, equivalentes a 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año en beneficio de cada partido político, para que de esa manera puedan contar con recursos y sacar adelante sus campañas políticas con miras a las elecciones generales del 2026.
Esta autógrafa modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, específicamente los artículos 29, 30 y 31, respecto al financiamiento público directo, el financiamiento privado y las fuentes de financiamiento ilegal.
Con ello, el Gobierno de Dina Boluarte busca regular de manera más precisa las fuentes de financiamiento privado y público en las campañas electorales, además de establecer medidas para prevenir el uso de fondos ilegales provenientes del narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal, entre otros.
Asimismo, la ley publicada en El Peruano indica que el financiamiento puede darse a través de cuotas en efectivo “o en especies” de cada aportante, ya sea persona natural o jurídica nacional.
El especialista en temas electorales José Manuel Villalobos recalcó que cada empresario, sea pequeño o grande, puede donar los elementos que comercializa a través de su empresa.
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Mencionó que en el financiamiento en especies pueden intervenir restaurantes, vendedores de ropa, comerciantes de telas, dueños de establecimientos que venden vehículos, imprentas, entre otros.
“Lo positivo es que los partidos podrán recibir financiamiento y que toda empresa, hasta el más pequeño emprendedor, podrá aportar no solo dinero, sino también sus servicios. Por ejemplo, si es una empresa que alquila autos, podrá facilitar vehículos para el transporte de los candidatos; una pollería podría donar pollos al partido para que sus militantes se alimenten; una imprenta podría regalar los volantes; un empresario de Gamarra les podría donar tela para los banners y polos”, dijo José Manuel Villalobos a EXPRESO.
Sin embargo, el analista advirtió que podría haber problemas para fiscalizar la transparencia de los fondos.
Detalló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría no tener la capacidad para fiscalizar la procedencia del dinero que ingresaría a las arcas de las ahora 40 organizaciones políticas.
“La ONPE no sé si tenga la capacidad logística para poder fiscalizar todo este financiamiento, porque va a haber muchos más aportantes y beneficiados. Si antes eran 20 partidos, ahora ya son 40; se va a duplicar el trabajo de este organismo”, indicó.
Freno a economías ilegales
“Se abre ese abanico de posibilidades de recibir mayores aportes, porque si no hacemos esto, los partidos políticos recurrirían a estos financiamientos ilegales provenientes del narcotráfico y la tala ilegal de árboles. Esta ley no está pensada para que los Romero (Grupo Romero) nuevamente financien un partido, sino para que lo financie cualquier emprendedor pequeño también”, señaló José Manuel Villalobos.
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