Ernesto Álvarez asegura que Fiscalía pretende retirar a Dina Boluarte del cargo, por influencias caviares
Ministerio Público maneja agenda política cuyo fin es lograr colocar a políticos de izquierda en el Perú, afirma.
Las recientes denuncias constitucionales contra Dina Boluarte son armas diseñadas por la fiscal Delia Espinoza para poder retirar a la presidenta del cargo y, de esa manera, colocar a un nuevo jefe de Estado de izquierda, quien pueda manipular las elecciones generales del 2026, señaló el extitular del Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez Miranda.
Para el extribuno, existe una organización no gubernamental (ONG) que está influyendo sobre la titular del Ministerio Público para que presente denuncias constitucionales contra la mandataria y, en consecuencia, provocar la caída de este régimen.
“Al parecer, está respondiendo a una agenda propia de la ONG, que pasa por hacer investigación periodística, pero que en realidad se comporta como un partido político.
Esta ONG es la que está manipulando la administración de justicia para tratar de provocar la vacancia presidencial y así generar el desorden que pueda facilitar a estas fuerzas antidemocráticas la colocación de un presidente interino de corte izquierdista, porque es la única oportunidad que pueden tener para tratar de manipular las elecciones de abril del próximo año”, consideró.
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Asimismo, aclaró que constitucionalmente no se puede acusar a la presidenta Boluarte, porque la Carta Magna lo prohíbe.
“La agenda política de esta gente de izquierda hace que presionen a la fiscal de la Nación para que formule estas acusaciones, que, de acuerdo con la propia Constitución, no proceden, porque el artículo 117 no permite acusar al presidente de la República”, señaló.
Álvarez afirmó que ni los Rolex, la operación estética, y los otros hechos que sean materia de un proceso judicial a partir de agosto del próximo año, “son tan graves como para provocar una vacancia por incapacidad moral”.
Instrumento político
El exmagistrado indicó que el Ministerio Público tiene pautas políticas, las cuales marcan las maneras de desestabilizar el régimen actual utilizando distintos mecanismos para lograrlo.
“La Fiscalía de la Nación se ha convertido en un instrumento político en contra del Congreso y del Ejecutivo. Tiene su propia agenda política. Las denuncias presentadas por la fiscal de la Nación son absolutamente improcedentes, no corresponden al régimen constitucional. Han sido presentadas para utilizarlas como arma política para restarle espacios de oportunidad a la presidenta”, resaltó.
También especificó cuáles son las causales para poder acusar judicialmente a un mandatario en funciones. “El artículo 117 de la Constitución contempla que estas son: traición a la patria, no convocar a elecciones e impedir la reunión del Parlamento”, explicó.
“Lo que está por resolver en el TC es si el presidente de la República puede ser objeto de una investigación preliminar, o si esa investigación puede convertirse en una preparatoria.
Seguro dirá que sí cabe, como en el caso de Pedro Castillo, que si es posible la investigación preliminar para reunir los medios de prueba, testimonios que pueden ser validados en el futuro cuando el presidente ya no desempeñe el cargo.
El artículo 117 de la Constitución blinda al presidente de la República para efectos de que no tenga que responder a procesos judiciales”, añadió Álvarez Miranda.
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