Ernesto Blume: Sunedu incurrió en uso abusivo de sus competencias

Por Juan Antonio Bazán

¿La Ley 31520, que modifica el origen del consejo directivo de Sunedu, y la Ley 31542 que elimina el límite de la edad para el ejercicio de la cátedra, le devuelven la constitucionalidad a la actual Ley Universitaria 30220?

Como lo señalé en el voto singular que emití como magistrado del TC en el proceso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley Universitaria 30220, esa ley adolece de una notoria inconstitucionalidad por la lógica y la racionalidad que subyace en ella, ya que se concibió bajo parámetros que relativizaron y minimizaron la autonomía universitaria e implantaron la desconfianza y el control de la comunidad universitaria. En esencia afectó la autonomía de las universidades, el modelo económico y varios derechos constitucionales; autonomía que, como en su momento lo sostuvo Enrique Bernales con total certeza, es intrínseca a la libertad de pensamiento, uno de los pilares de su desarrollo histórico, principio y garantía de la vida universitaria, y prenda de su identidad.

Una mayoría del anterior TC, integrada por Urviola Hani, Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña, cometió en grueso error de convalidarla, con mi voto en contra y el de Sardón de Taboada.

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Las leyes 31520 y 31542 constituyen, sin lugar a dudas, normas de rescate de la autonomía universitaria y del derecho a la igualdad ante la ley, respectivamente, y, en ese sentido, hay que reconocer el esfuerzo realizado por el Congreso que, contra viento y marea, las sacó adelante.

Como lo han sostenido diversas personalidades, como Domingo García Belaunde en un comunicado hecho público, la Ley 31520 es correctiva de la Ley 30220 al recuperar la autonomía de las universidades consagrada en el artículo 18 de la Constitución y también la autonomía de la Sunedu, que fue manejada desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y operando con una presidencia impuesta como cargo de confianza por el presidente de la República, a propuesta del mismo Minedu, para gobernar la vida de las universidades públicas silenciándolas por temor y privando al país de su valiosa participación en el debate nacional.

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