Exhortan a Tomás Gálvez reactivar fiscalías antiterrorismo en Ayacucho y el VRAEM y suprimir las de Derechos Humanos
Parlamentario Alejandro Muñante defiende seguridad nacional y plantea cambios frente a fiscalías de DD.HH.
El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) solicitó al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, para que impulse cambios en la estructura del Ministerio Público (MP).
En un oficio remitido el 25 de septiembre, el legislador pidió reabrir las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y, al mismo tiempo, eliminar las fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad.
El parlamentario sostuvo que estas medidas buscan reforzar la seguridad nacional y corregir lo que calificó como un retroceso en la lucha contra el terrorismo.
Legislador cuestiona eliminación de fiscalías especializadas
“La eliminación de las fiscalías especializadas debilitó la persecución penal en zonas críticas donde aún operan remanentes armados”, afirmó Muñante.
Recordó que la decisión se adoptó en mayo, bajo la gestión de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, mediante la Resolución N.° 1333-2025-MP-FN.
Durante una entrevista con Canal N, el legislador defendió su iniciativa y alertó sobre la presencia de grupos subversivos en el VRAEM.
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“Quien crea que los remanentes terroristas ya no existen está cayendo en un error”, advirtió. También explicó que presentó el pedido a raíz de una recomendación del propio fiscal Gálvez, quien le solicitó formalizarlo para que la Junta de Fiscales Supremos pueda evaluarlo.
La propuesta, no obstante, desató críticas inmediatas. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, calificó el planteamiento como “vana” y “no técnica”.
Junta de Fiscales Supremos evaluará pedido
“Siempre debe estar la mirada de una fiscalía de derechos humanos, porque es el ciudadano quien queda entre dos fuegos. ¿Quién protege al ciudadano?”, cuestionó.
Por ahora, la decisión final recae en la Junta de Fiscales Supremos, que deberá definir si se reactivan las fiscalías antiterrorismo y si se modifica la estructura de las fiscalías de Derechos Humanos.
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