Feria de gollerías para que Marcelo Odebrecht declare el lunes 16
Confesión en juicio contra Ollanta costaría US$ 2,000 millones en arbitraje en el CIADI.
La historia del Caso Lava Jato que se inició en diciembre de 2016 en el Perú, podría llamarse en Netflix “El mecanismo sin fin”, porque no tiene cuando acabar luego de seis años, sin que se inicien los juicios, ni qué decir de las sentencias, queda claro que fue “más ruido que nueces”. En el Brasil el Caso Lava Jato (17/3/14) solo tomó cuatro años. En el 2016, todas las empresas brasileñas involucradas habían sido procesadas. Finalmente, Lula da Silva fue detenido en el 2018.
En la última temporada de este culebrón mediático, ayer (miércoles 11) informamos que los fiscales del Equipo Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez -las estrellas de los medios del 2018-, y la procuradora ad hoc Silvana Carrión, y por el lado de Odebrecht, los abogados Lourdes Carreño y Ricardo Weyll, suscribieron una adenda que suma nuevas gollerías a favor de la empresa brasileña, en una encerrona en una soleada casa de la procuraduría en Jesús María. Los fiscales negociaron -con el fantasma del papelón- la negativa de Marcelo Odebrecht a ratificar el lunes 16 en el juicio oral contra Ollanta Humala por lavado de activos, su versión de que había entregado US$ 3 millones para la campaña electoral del 2011 a pedido de Lula da Silva. Los puntos más saltantes de esta adenda de la vergüenza son el punto cuatro, que exime a Odebrecht de que se le incluya en otros casos que no sean los cuatro: Interoceánica Sur, Tren Eléctrico, Vía Expresa Cusco y Costa Verde Callao del Acuerdo de Colaboración Eficaz (19/6/19), y el punto cinco, que mediatiza la Procuraduría Ad Hoc en el cobro de reparaciones civiles a Odebrecht por otros proyectos involucrados en corrupción, como el Caso Susana Villarán que incorpora la concesión de Rutas de Lima.
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Lo más saltante es que el caso de la concesión del Gasoducto Sur Peruano por US$7,300 millones, única obra de la empresa brasileña que cuenta con una cláusula anticorrupción, quedaría a la deriva, porque se exime por adelantado a Odebrecht de toda responsabilidad penal en las investigaciones que viene llevando a cabo la fiscal Geovanna Mori, lo que acarrearía para el país una desventaja en el arbitraje en el CIADI, donde Odebrecht y sus socios han demandado al país por US$ 2,000 millones. La teoría del caso de los brasileños es que en este proyecto no existe algún codinome que pertenezca a alguna autoridad pública, ¿usted les cree?
La lista de beneficios otorgadas por la Fiscalía a Odebrecht
Estos favorecimientos se suman a una larga historia en la relación Equipo Fiscal Lava Jato - Odebrecht, que podemos listar:
Primero, la reparación civil fue mínima: S/ 610 millones (US$ 170 millones). El monto representa apenas el 18% de lo que anunció el exprocurador ad hoc Jorge Ramírez: “vamos a insistir en el monto de S/ 3,468 millones” (Gestión 30/1/18). Luego adujo, ante la sorpresa de tirios y troyanos, que había patinado porque “el cálculo inicial se realizó en el 2017 con el Código Civil pero la situación cambió con la Ley 30737 (2018) que estableció fórmulas… que se basan en utilidades, porcentaje de la empresa en proyectos y la capacidad de pago” (11/12/18). Incluso se llegó a mencionar a un distinguido equipo de economistas de la Universidad de Piura, cuyas identidades aún permanecen en el anonimato. Según el informe del Congreso del Caso Lava Jato, presentado por el excongresista Juan Pari, los proyectos ejecutados por Odebrecht entre el 2004 y el 2014 suman US$ 12,856 millones. Es decir: “Del Lobo un pelo”.
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