Fernando Rospigliosi se opone a reforma que permitiría investigar a presidentes en funciones: ¿cuáles son los alcances del proyecto de ley?
El debate se reaviva tras el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la presidenta.
El vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó con firmeza el Proyecto de Ley N.º 12145/2025-CR, que propone modificar el artículo 117 de la Constitución. Esta reforma permitiría que el Ministerio Público investigue y acuse a presidentes en funciones.
Rospigliosi advirtió que la medida generaría inestabilidad política y afectaría el equilibrio institucional.
El proyecto fue presentado por el congresista Jorge Coayla Juárez, de Juntos Por el Perú–Voces del Pueblo. El texto busca eliminar la protección constitucional frente a delitos relacionados con la administración pública.
La propuesta incluye figuras penales como concusión, colusión, peculado, malversación y enriquecimiento ilícito.
También contempla delitos como cohecho propio, cohecho impropio y negociación incompatible cometidos durante el mandato. Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular, defendió la norma actual por considerar que garantiza estabilidad democrática. Según él, cambiarla abriría paso a una persecución política y judicial sin control.
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“El artículo 117 no debe modificarse porque causaría mucha más inestabilidad política de la que existe ahora”, declaró el legislador. Además, afirmó que la reforma “solo serviría para hacerle la vida imposible a un jefe de Estado”. Sostuvo que los cambios constitucionales deben realizarse sin comprometer la institucionalidad.
Actualmente, la Constitución solo permite acusar al presidente por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso fuera del marco legal. El proyecto de Coayla propone ampliar esta posibilidad para incluir delitos de corrupción. Con ello, los fiscales podrían actuar incluso sin una demanda competencial resuelta.
El debate cobró fuerza luego del reciente fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. El TC resolvió que las indagaciones fiscales deben quedar en pausa hasta el fin del mandato en 2026. Además, reafirmó que no se puede vulnerar la protección constitucional.
Rospigliosi consideró que esta decisión respalda su posición y protege la figura presidencial. Alertó que habilitar investigaciones penales en funciones provocaría una crisis permanente de gobernabilidad. Reiteró que se puede reformar desde la democracia, pero sin romper el equilibrio entre poderes.
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