Fiscalizarán a las ONG que ideologizaron el Perú con reglamentación de Ley APCI, asegura bancada de Renovación Popular
Se podrá conocer cuánto dinero reciben y en qué lo emplean, señalaron legisladores.
Los parlamentarios de Renovación Popular (RP) señalaron que, una vez promulgada la ley que fortalece la APCI, se iniciará una verdadera fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que, en su mayoría, efectuaron labores políticas de izquierda en nuestro país.
Para la congresista Patricia Chirinos, muchas de las organizaciones sin fines de lucro habrían utilizado el dinero captado de la contribución internacional para ideologizar a las poblaciones de bajos recursos.
“Sabemos que las ONG trabajan sobre todo para la izquierda, para sembrar su ideología en la población y estamos en desacuerdo con todo eso”, sostuvo la legisladora.
La ley para el fortalecimiento de la APCI se reglamentó mediante el Decreto Supremo N.º 032-2025-RE, publicado el 15 de septiembre de 2025.
El reglamento establece disposiciones para la planificación, ejecución y fiscalización de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), incluyendo la obligación de que las entidades públicas y privadas registren sus proyectos, programas y actividades en plataformas digitales administradas por la APCI.
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Patricia Chirinos dijo que con la reglamentación de la ley se podrá conocer en qué invierten los fondos las ONG y de dónde provienen.
“Creo que todos los peruanos queremos que se dé esta fiscalización de las ONG y saber exactamente en qué se destinan todos los fondos, de dónde vienen los fondos y cómo los gastan”, indicó.
Su colega de bancada, Alejandro Muñante, dijo que ahora se pondrá en marcha una verdadera fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales.
“Creo que, a través de esta reglamentación, vamos a poder ver las primeras consecuencias de la ley, que es la fiscalización de los fondos no reportados por las ONG. Era necesario porque se había detectado una irregularidad en cuanto al funcionamiento de muchas ONG que incluso han operado en nuestro país de manera clandestina”, sostuvo el parlamentario.
Muñante opinó que el Ejecutivo se retrasó en reglamentar la referida norma, demora que permitió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitara al Perú abstenerse de aplicar la norma.
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