Francesa Lamsac se defenderá "enérgicamente"
La concesión de la Línea Amarilla fue dada en 2009 a la empresa brasileña OAS, durante la gestión de Luis Castañeda, por un periodo de 30 años.
La empresa Lamsac, filial de la francesa Vinci Highways, aseguró que defenderá "enérgicamente" la concesión de la autopista Línea Amarilla, luego de que la Municipalidad de Lima anunciara que pedirá la nulidad del contrato de operación tras no haber llegado a un acuerdo de reducción de tarifa de peajes.
"Lamentamos el anuncio que desconoce nuestra conducta intachable y el valor de nuestras inversiones en beneficio de los limeños", señaló Lamsac en un comunicado, tras indicar que confía "en el respeto al marco legal e institucional y los tratados internacionales". La empresa sostuvo que el contrato "sigue vigente" y mantendrán sus "obligaciones y compromiso".
Vinci dijo que representa una inversión privada de más de 969 millones de dólares. "Es la inversión más grande realizada por el Grupo Vinci fuera de Europa y la mayor de una empresa francesa en el Perú", acotó.
La concesión de la Línea Amarilla fue dada en 2009 a la empresa brasileña OAS, durante la gestión de Luis Castañeda, por un periodo de 30 años, y en el período de su sucesora, Susana Villarán, fue ampliada con una adenda a 40 años. Tras las acusaciones de corrupción contra OAS, la concesión de la Línea Amarilla, una vía expresa que integra 11 distritos y comprende un túnel que pasa en parte por debajo del río Rímac, fue comprada en 2016 por el grupo francés Vinci.
La empresa indicó, en su comunicado, que "reafirma que nunca tuvo relación con empresas involucradas en acusaciones por actos de corrupción", tras lo cual mencionó directamente a OAS.
La empresa confirmó que propuso reducir la tarifa del peaje de 5,7 a 5,5 soles "mientras duran los arbitrajes en curso". Muñoz manifestó que la empresa ofreció reducir el peaje en "apenas 20 céntimos (de sol)", lo que consideró una "burla" para los limeños.
Al hacer el anuncio de la nulidad de la concesión, el alcalde de Lima afirmó que se respetará "el marco legal". Esto implicará un costo de 460,6 millones de dólares. EFE
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