Gobierno de Dina Boluarte propone ley para excluir a empresas corruptas de contrataciones públicas
Directivos que intenten burlar sanciones con cambios legales también serán sancionados.
El Gobierno de Dina Boluarte impulsó un proyecto de ley que busca erradicar del sistema económico nacional a las empresas involucradas en delitos de corrupción.
La iniciativa, encabezada por la presidenta Dina Boluarte, fue enviada al Congreso de la República con el objetivo de impedir de manera definitiva que personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, mantengan vínculos contractuales con el Estado si fueron halladas responsables o acusadas formalmente por actos ilícitos.
Mediante el Proyecto de Ley N.º 11090/2024-PE, el Ejecutivo propone modificar la legislación vigente para prohibir que compañías procesadas por delitos como colusión, cohecho o concusión —tipificados en el Código Penal— participen en licitaciones públicas como postoras, contratistas o subcontratistas.
La medida también se aplicaría a aquellas entidades que intenten evadir las sanciones mediante estrategias como el cambio de nombre comercial, razón social o la reorganización societaria.
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“La prohibición es de carácter definitivo y alcanza incluso a las personas jurídicas que pretendan operar bajo un nuevo nombre comercial, denominación o razón social, o a través de mecanismos de reorganización societaria, como la escisión y/o fusión”, se lee en el documento firmado por Dina Boluarte Zegarra y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Vale indicar que la mandataria ya había adelantado su posición frente a este tipo de delitos. En una declaración reciente, remarcó: “No más impunidad, no más pactos de silencio. No más empresas que han comprado gobiernos ni funcionarios que se vendieron”.
Es importante señalar que la propuesta legislativa incluye una modificación al artículo 5 de la Ley N.º 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y al artículo 30 de la Ley General de Contrataciones Públicas, con el fin de ampliar el alcance de las sanciones. Así, no solo se penaliza a las empresas con sentencia firme, sino también a aquellas con acusación fiscal pendiente.
El proyecto responde a la necesidad de blindar los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana tras escándalos como el protagonizado por la constructora Odebrecht. De aprobarse, el Estado peruano contaría con una herramienta legal para cerrar el paso a cualquier firma vinculada a corrupción, incluso si intenta operar bajo otra fachada.
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