Gobierno es rápido para defender peajes y lento en sanción a clínicas

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la Ley N° 31018 que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia.

Así lo informó ayer la presidenta del TC, Marianella Ledesma, quien detalló que la ponencia estará a cargo del tribuno Augusto Ferrero Costa y que el Congreso tendrá 30 días hábiles para contestar la demanda del Gobierno.

La noticia no tendría nada de extraordinario si es que no fuera por la rapidez con la que el régimen de Martín Vizcarra presentó la demanda para defender a las concesionarias que en plena pandemia cobraban más de S/ 5 a los usuarios cada vez que estos pasaban por una garita de Rutas de Lima o Lamsac.

La velocidad con la que actuó el Ejecutivo, a través de la Procuraduría Pública en Materia Constitucional, en el caso de los peajes, se compara a la de un rayo, mientras que en asuntos como la investigación a las clínicas que lucraron con la necesidad de enfermos de Covid-19 –cobrándoles por pruebas moleculares que eran procesadas en forma gratuita por el Estado–, el Gobierno ha caminado a paso de tortuga.

La Ley N° 31018 se publicó en El Peruano el 9 de mayo, pero 24 horas antes la ministra de Economía, María Antonieta Alva, ya había anunciado la demanda de inconstitucionalidad. “Esta norma quebranta los términos contractuales (…), queramos o no, esta es una concesión sujeta a un contrato de dos partes”, dijo entonces el premier Vicente Zeballos.

La demanda fue presentada el 2 de junio por el procurador Luis Huerta, quien representa al Gobierno ante el TC.

CLÍNICAS

El 5 de mayo, en una sesión de la Comisión de Fiscalización, el congresista Aron Espinoza (Podemos Perú) le informó al jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), César Cabezas, que varias clínicas particulares cobraban hasta S/ 700 por test moleculares que eran procesados gratis por el INS.

“Como estaba con todos los síntomas, acudí a una clínica privada para el hisopado. Me cobraron S/ 350 y el resultado no me lo entrega la clínica, sino que me envían una clave para acceder al portal del INS, y con esa clave accedo a mis resultados”, manifestó el legislador el 15 de mayo.

Nadie del Gobierno reaccionó ante esa grave denuncia en su momento. Es más, el ministro Víctor Zamora negó la veracidad de las afirmaciones de Espinoza. “El INS no procesa pruebas privadas. Habilita laboratorios, los certifica en todo el país”, aseguró el titular del Minsa el 26 de mayo.

Una semana después, la Contraloría General –que no es un ente del Ejecutivo– evidenció que varias clínicas de Lima cobraron por test moleculares para la detección, pese a que el INS los entregó y procesó gratis. Se trata de 19,746 muestras remitidas al INS, por las cuales las clínicas cobraron hasta S/ 576.61 por persona.

Recién el 6 de junio, Carlos Acosta, titular de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) –institución encargada de proteger los derechos en salud de los peruanos y adscrita al Minsa–, dijo esta boca es mía. Sin embargo, lo que señaló Acosta aquella vez pareció más una defensa a las clínicas que una promesa de hacer justicia a los pacientes.

“Me parece que hubo un apresuramiento [de la Contraloría] en sacar conclusiones”, declaró Acosta al diario La República, dejando entrever de qué lado estaba.

“Los procesos de control deben ser observados dentro del debido proceso para que no se caigan por tecnicismos”, agregó.

Pasaron un mes y tres días desde la denuncia de Espinoza para que el superintendente Acosta anunciara, ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, que en una investigación de Susalud a 102 clínicas privadas se detectó que elevaban el precio de los insumos para la detección del coronavirus hasta en 97.68%.

Entre esos implementos figuran guantes quirúrgicos, mameluco Tibet, guantes para examen, cubre calza y respirador N95, detalló este lunes.

Sin embargo, también dijo que “no se puede considerar como infracción si la clínica informó lo pertinente al usuario y realizó cobros expresamente por la toma de muestra, puesto que no es posible realizar control sobre los precios aplicados, de acuerdo a la Constitución”.

“La naturaleza social del mercado, la libertad de empresa y de la iniciativa privada (..) nos limita el poder establecer una regulación de precios”, añadió.

TODO SIGUE IGUAL

El jefe del INS, César Cabezas, confirmó que esa entidad sigue procesando test moleculares de Covid-19 procedentes de las clínicas privadas. Esta precisión la hizo en una sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ante una inquietud de Carolina Lizárraga (PM), quien le preguntó si hay un cambio respecto a la entrega de los resultados.

“No tenemos los instrumentos para limitar eso (…) hay órganos que tienen que hacer ese trabajo. Nuestra labor es desde el punto de vista técnico”, apuntó.

COIMAS

Las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán otorgaron concesiones de más de 30 años a Rutas de Lima y Línea Amarilla, a cambio de coimas de OAS y Odebrecht, según la Fiscalía. Estos proyectos tienen ingresos que superan los S/ 25 millones mensuales por el cobro de peajes en la capital.

ENTREGA DE BONOS

Un total de 670 mil familias han cobrado el Bono Independiente, informó el Ministerio de Trabajo. No obstante, dijo que en Lima y Callao más de 40 mil hogares aún no han hecho efectivo el cobro, anunciado por el presidente Martín Vizcarra el 3 de abril pasado.

Respecto al Bono Familiar, que se anunció el 23 de abril, aún se evalúa a los inscritos en el Registro de Hogares. Cerca de dos millones de hogares aún no han recibido este subsidio.

POR: EMILIO GRILLO LOBATÓN 

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