Gobierno promulga ley que agiliza expulsión de extranjeros condenados por delitos como secuestro, extorsión y homicidio
Norma, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, modifica artículos importantes del Código Penal.
El Gobierno promulgó una nueva ley que ordena la expulsión obligatoria de ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves, como homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas y lavado de activos.
La norma, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, modifica artículos importantes del Código Penal y de Ejecución Penal, y forma parte de un paquete de medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana.
Según el nuevo marco legal, la salida del Perú será obligatoria e inmediata una vez que el sentenciado extranjero cumpla su pena privativa de libertad, acceda a beneficios penitenciarios o vea convertida su sanción original.
Además, la ley prohíbe expresamente el reingreso al territorio peruano por un tiempo equivalente a la pena máxima del delito cometido, lo que busca impedir la reincidencia en territorio nacional.
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“¡Promesa cumplida: se acabó la impunidad para delincuentes extranjeros!”, expresó el congresista Alejandro Muñante, uno de los impulsores de la norma, a través de sus redes sociales.
“Después de tres años de trabas e incluso observaciones del Ejecutivo, por fin se oficializó la Ley N.º 32372 en el Día de la Bandera”, añadió.
La expulsión se aplicará como pena accesoria en delitos vinculados al crimen organizado, corrupción, terrorismo, narcotráfico y violencia sexual.
En los casos donde la pena no supere los cinco años y el condenado haya cumplido al menos dos tercios de su condena, el juez podrá reemplazar el tiempo restante por trabajos comunitarios, multa o expulsión.
No obstante, esta alternativa no será válida para los delitos más graves como trata de personas, secuestro o lavado de activos.
El proceso de retiro del país estará a cargo del director del establecimiento penitenciario correspondiente, quien deberá poner al sentenciado a disposición de las autoridades migratorias para concretar la expulsión.
En paralelo, el Estado mantendrá la jurisdicción sobre la sentencia, permitiéndole reactivar el proceso judicial si el infractor reingresa ilegalmente al territorio nacional.
La ley también garantiza el cumplimiento de la reparación civil, la cual no prescribirá, y habilita la incautación de bienes a través de procedimientos de extinción de dominio.
Más de 760 extranjeros expulsados
Durante el primer trimestre de 2025, Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo más de 1,100 operativos migratorios y dispusieron la expulsión de 760 ciudadanos extranjeros por incumplir la normativa vigente.
Estas acciones se enfocaron principalmente en zonas de frontera como Puno, Tumbes y Pucallpa, así como en ciudades urbanas como Lima, Callao y Trujillo.
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