Gustavo Adrianzén suscribe pedido de Otárola: «No aceptaremos beneficios para delincuentes terroristas»
Sin embargo, Estado peruano reafirmó su intención de mantenerse en SIDH.
Luego de que el premier Alberto Otárola pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desestimar las denuncias presentadas por terroristas como Víctor Polay Campos y Florencio Flores Hala, (a) 'camarada Artemio', el representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, respaldó la petición del primer ministro y reafirmó que criminales no recibirán ningún resarcimiento económico del Estado.
“El primer ministro ha sido enfático en que en el Perú no vamos a aceptar, bajo ninguna manera, ningún tipo de decisión que signifique beneficio para estos delincuentes terroristas”, dijo al respecto el embajador peruano.
Permanencia en SIDH
Como se recuerda, Otárola participó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Durante su intervención, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros explicó que cabecillas terroristas como Polay Campos o el 'camarada Artemio' cumplen 'condenas justas', tras ser hallados responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y 90.
En ese sentido, Adrianzén aseguró que el premier Otárola reafirmó ante el organismo internacional la voluntad del Estado peruano de continuar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esto, a pesar de los proyectos de ley presentados por un sector en el Parlamento que pretenden denunciar a la SIDH.
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“He sido testigo cuando el Premier, dirigiéndose a la presidenta de la CIDH, reafirmó la voluntad del Estado peruano de mantenerse dentro del sistema, respetando las decisiones; pero guardando la libertad de discrepar de aquellas decisiones con las que no tengamos coincidencia, como decisiones vinculadas a líderes [terroristas] respecto de cualquier tipo de beneficio procesal que se les pueda conceder desde la CIDH”, indicó.
Adrianzén también mostró su preocupación por el informe final aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso que recomienda la destitución de los sietes magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una supuesta falta grave, cuando en el primer informe establecía que no existía la misma. En ese sentido, el diplomático advirtió que estas decisiones tendrían un impacto en la comunidad internacional al ser considerado como una irrupción a la separación de poderes en el país.
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