Hagamos respetar la memoria de Luis Giampietri
Se pregunta si la actitud del gobierno de Dina Boluarte es adrede o por desconocimiento.
El almirante Luis Giampietri se especializó en inteligencia naval, en el segundo gobierno de Alan García, fue vicepresidente de la República y congresista.
Fue uno de los 72 rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante la toma de la residencia del embajador japonés en 1996 y artífice en la exitosa operación Chavín de Huántar, que consiguió el rescate de todos los retenidos, por eso se le considera héroe.
El miércoles 4 de octubre último, Giampietri entró en esa quietud eterna que es la muerte, sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte, la recua de asesores de la Presidencia de la República, del Consejo de Ministros y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ignorancia o adrede se olvidaron que existe el Decreto Supremo No. 096-2005-RE, referido al Ceremonial del Estado.
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En el capítulo referido a los vicepresidentes, el artículo 64 del referido D.S. es muy claro: “Al conocerse el fallecimiento del Primer o del Segundo Vicepresidente de la República, se decretará Duelo Oficial el día de la inhumación de sus restos mortales en consideración a su alta investidura, y se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, locales militares, buques de la Armada, locales policiales y demás dependencias del Estado”, en el artículo 65, se especifica que: “Los restos serán velados en la capilla del Sagrario de la Basílica Metropolitana, el traslado de los restos mortales al lugar del velatorio se realizará en privado”.
El artículo 66, contempla que: “Las exequias se celebrarán con asistencia del Jefe del Estado, los Presidentes de los Poderes Públicos, del Vicepresidente, del Gabinete Ministerial, del Decano del Cuerpo Diplomático, del Alcalde de Lima y altas autoridades civiles, militares y eclesiásticas”.
Finalmente, es competencia del Poder Ejecutivo decretar Duelo Nacional y se izará el Pabellón Nacional a media asta en los edificios públicos, bases militares, buques de la Armada, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio de la República.
Por Alfredo Vignolo
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