Hermanos de Lilia Paredes obstaculizan investigaciones
Ante la Comisión de Fiscalización, Yenifer, David y Walter Paredes no contestaron las interrogantes de los legisladores.
Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sostuvo que los hermanos de la exprimera dama Lilia Paredes, intentaron obstaculizar el desarrollo de las investigaciones por el caso Anguía, cuando se negaron a contestar aludiendo una supuesta vulneración del debido proceso, pues no se les informó qué delitos se les imputa, situación que es imposible, al tratarse de una indagación política.
“La Comisión de Fiscalización y todas las comisiones, realizamos actos de indagación e investigación que concluye con un informe final, en el caso de la Comisión de Fiscalización esto se remite al Ministerio Público y se remite a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que hacemos son actos de investigación, nosotros no imputamos delitos, eso lo hace el Ministerio Público. Nosotros no tenemos esas prerrogativas”, indicó.
Dijo esto como respuesta a las exigencias que hizo Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, quien ejerció su derecho a guardar silencio porque, según dijo, no conocía la razón por la que había sido citada a la comisión y tampoco los delitos que se le atribuyen.
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Ella, al igual que sus hermanos David y Walter Paredes, son investigados por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín.
A la comisión fiscalizadora también fueron citados David y Walter Paredes Navarro, pero ninguno de ellos respondió pregunta alguna, siguiendo la estrategia de la defensa de Yenifer Paredes.
“Hago uso de mi derecho a guardar silencio”, dijeron a su turno ambos investigados.
Hoy declara Castillo
Como lo anunció EXPRESO, hoy el expresidente Pedro Castillo Terrones, actualmente recluido en el penal Barbadillo, deberá declarar de manera virtual, ante la Comisión de Fiscalización, en el marco de la investigación por los casos de presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras a través del Ministerio de Vivienda tras la promulgación del Decreto Supremo N.° 102.
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