IDL denuncia, pero no asiste a Fiscalía: ONG en acoso judicial contra Expreso y Willax
Oenegero Tuesta usa dinero del extranjero para empapelar a periodistas. “No podrán impedir que los fiscalicemos”, contesta Carlos Paredes.
Carlos Paredes, uno de los periodistas denunciados penalmente por organizaciones financiadas desde el extranjero, reveló que estas pretenden amedrentar no solo a EXPRESO, Willax o algunos activistas, sino a todo aquel que exponga cómo utilizan políticamente donaciones destinadas a ayuda social.
“Glatzer Tuesta, representante de IDL, nos denuncia, pero no acude a la citación de la Fiscalía. Tal vez lo hacen por estrategia, para luego cuestionar a quienes sí hemos cumplido con asistir”, indicó a esta redacción.
Mientras la ONG donde trabaja Gustavo Gorriti ha presentado diversas denuncias contra los profesionales de Willax, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha incluido a EXPRESO en sus estrategias legales.
En el bolsillo
“En Contracorriente, lo único que hemos hecho es revelar parte de las cuentas bancarias, que supuestamente supervisa la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional). Nos llegaron, de manera anónima, documentos sobre cuatro estados de cuenta en el BBVA: uno en soles, dos en dólares y otro en euros. Lo corroboramos y publicamos, y ahora quieren inventarnos una supuesta violación de correspondencia”, explicó el periodista.
Agregó que IDL es una poderosa ONG que se inmiscuye en la vida de peruanos sometidos a la administración de justicia, ya sea mediante convenios de capacitación o adoctrinamiento. Además, señaló que esta organización se enfrenta a comunidades nativas, defiende a terroristas y a manifestantes violentos, entre otras acciones.
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En ese sentido, Carlos Paredes se solidarizó con esta casa editora, señalando que es poco razonable que un fiscal investigue a periodistas por el simple hecho de difundir información de interés público.
“Es como cuando Gorriti publicó audios de funcionarios y otras personas. Nadie lo denunció por violación de las comunicaciones. Esto es una clara arremetida contra la prensa que no es afín a ellos, para criminalizar nuestra actividad de investigación, pero no podrán amedrentarnos ni impedir que los fiscalicemos, porque es un tema de interés público”, aseguró.
Advirtió que esta campaña de ciertas ONG tendría como objetivo que algún periodista se asuste y se autocensure. Asimismo, dijo que sería una campaña de desprestigio, para que la opinión pública no conozca la realidad.
“Esto es un acoso judicial para lograr un desprestigio. Les hemos dado donde más les duele: en el bolsillo, en el dinero que les ayuda a tener poder”, enfatizó Paredes.
En ese sentido, opinó que IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones afines tienen un doble rasero. “Es una paradoja interesante. Dicen defender los derechos humanos, pero atacan la libertad de prensa y de expresión, que es un derecho humano”, manifestó.
Rivera tampoco
- Carlos Rivera, abogado de IDL, tampoco se presentó ante el Quinto Despacho de la Fiscalía Penal de Miraflores, a diferencia de otros casos.
- “Nos querelló, y no pasó, pero ahora nos acusa de supuesta falsificación, lo cual es un mamarracho”, dijo Paredes.
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