IDL investigado por manejo de recursos: APCI responde a pedido del Congreso | Exclusiva de Expreso
ONG deberá rendir cuentas sobre sus ingresos y egresos de cooperación internacional.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) confirmó que el Instituto de Defensa Legal (IDL) afronta un proceso administrativo sancionador, tras responder de manera oficial a un requerimiento del Congreso de la República.
El documento, remitido mediante el Oficio N.º 0037-2025-APCI/OAJ, expone que la investigación administrativa sigue su curso y forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer el control sobre los recursos que las organizaciones no gubernamentales reciben a través de la cooperación internacional.
La solicitud de información fue tramitada por el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) a través del Oficio N.º 564-2024-2025-AAAR/CR, durante la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. En aquella reunión, Aguinaga también consultó al canciller Elmer Schialer sobre los avances en la reglamentación de la Ley N.° 32301, normativa que modifica el marco legal de la APCI y busca reforzar sus atribuciones de supervisión.
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Como respuesta, la APCI informó que culminó la elaboración del Reglamento de la Ley N.° 32301, del nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF). Estos instrumentos, desarrollados en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitirán a la entidad fiscalizar con mayor eficacia a las ONG que operan con fondos no reembolsables.
“Este proceso sancionador responde a la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional”, precisa el informe que ya fue remitido al Parlamento. La resolución correspondiente será publicada próximamente en el diario oficial El Peruano, según señalaron fuentes legislativas.
El caso del IDL, organización que ejerció una notoria influencia en el sistema judicial y que promueve la vigilancia institucional en el ámbito público, adquiere particular relevancia. Ahora, esta ONG deberá rendir cuentas sobre la administración de los fondos que recibió durante años, en medio de cuestionamientos sobre la falta de claridad en su destino y uso.
La reciente inclusión de una Intendencia de Inteligencia Financiera dentro del plan estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacia el 2030 pone en evidencia la urgencia de fiscalizar a entidades que, como el IDL, concentran presencia política y mediática. Así, el nuevo marco legal podría inaugurar una etapa de mayor escrutinio en un sector históricamente marcado por la opacidad.
La reglamentación concluida por la APCI representa un paso importante hacia ese objetivo. Desde ahora, las ONG deberán adecuarse a un sistema más riguroso de vigilancia, el cual busca cerrar espacios que por años funcionaron como zonas grises en el flujo de recursos internacionales. Mientras tanto, el IDL se encuentra obligado a enfrentar un proceso en el que, por primera vez, el escrutinio recae sobre su propia estructura financiera.
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