Inmunidad parlamentaria avanza en Congreso: plazos, casos específicos y más
Incluye restricciones ante delitos cometidos antes del ingreso al Parlamento.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria en la Constitución Política del Perú, en una sesión marcada por un intenso debate político.
Con 14 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones, los congresistas avalaron un predictamen que propone modificar el artículo 93 de la Carta Magna, allanando así el camino para que los futuros senadores y diputados gocen de este beneficio legal desde el próximo periodo legislativo.
El dictamen establece que la inmunidad solo aplicará para los legisladores que sean elegidos a partir de 2026. El texto, sustentado por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), aclara que esta prerrogativa no cobijará a los parlamentarios que afronten procesos judiciales iniciados antes de su elección.
“Se garantiza la autonomía [del Congreso] que puede verse mermada por persecuciones judiciales, arrestos y detenciones de sus miembros por mociones, control y votos emitidos”, afirmó Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y legislador por Fuerza Popular.
En términos jurídicos, la norma propone que ningún senador o diputado pueda ser procesado ni privado de su libertad sin autorización previa de la cámara respectiva o de la Comisión Permanente. Esta autorización debe emitirse en un plazo máximo de 30 días calendario.
En caso de flagrancia delictiva, los legisladores deberán ser puestos a disposición del Congreso en un lapso de 24 horas para determinar su situación jurídica. De no producirse una decisión dentro del plazo estipulado, la Corte Suprema de Justicia asumirá el caso.
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Este proyecto de reforma constitucional todavía debe superar dos votaciones en el pleno del Congreso, con un mínimo de 87 votos afirmativos por cada una, para adquirir carácter definitivo.
El regreso de la inmunidad parlamentaria reabre una polémica cerrada en 2021, cuando el Congreso de entonces eliminó la figura legal, aduciendo su uso indebido para eludir la justicia. Ahora, con una composición legislativa distinta, la mayoría optó por recuperar esa protección con nuevas limitaciones.
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