Iván Torres La Torre: «El Estado ha sido copado por la corrupción»

¿Qué análisis nos puede brindar respecto a lo ocurrido con los cuestionados contratos de empresas chinas en los ministerios de Vivienda y de Transportes y Comunicaciones?

La Contraloría General de la República, sumándose a decisiones internas en dichos sectores, ha tomado medidas preventivas por apariencias de irregularidades que podrían tipificarse como colusiones ilegales y/o tráfico de influencias, en la medida en que hay noticias de que se estaba favoreciendo a estas empresas en contratos y operaciones con el Estado. Esto sería sumamente grave, más aún si esta revelación en parte viene de la colaboración eficaz del ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Frente a una noticia reveladora de carácter delictivo, el ministerio y la Contraloría hacen bien en suspender los contratos con las empresas chinas y atender a las observaciones y acciones de control que han sugerido las oficinas de control interno. Sin embargo, esto podría traer problemas legales como los arbitrajes, para lo cual tendrán que estar preparadas las entidades públicas.

La Fiscalía ha allanado el Ministerio de Vivienda. ¿Ello es una reacción tardía?

No creo que sea tardío. La ministra del sector ha cumplido con interponer su denuncia ante la fiscalía penal y, esta última, evaluando los indicios preliminares, solicita a un juez penal la orden de allanamiento, lo cual es muy útil, en la medida en que permitirá obtener mayores evidencias de posibles delitos y solo así identificar los contratos que han sido ensuciados con la corrupción y, observando estos contratos, individualizar a sus responsables y evolucionar la investigación fiscal que se viene trabajando. Por ello el allanamiento a las oficinas del Ministerio de Vivienda es útil, pertinente y necesario.

El caso de la empresaria Sada Goray, ¿le parece un modo de operación criminal? ¿Hasta dónde puede haber llegado esta red de corrupción?

Es una empresaria que buscaba favorecimientos con el Estado mediante influencias de su entorno político, amical y empresarial, conducta que está vetada en la administración pública, más aún si esto implica la entrega de dinero, como lo han declarado varios de los involucrados. El delito está a la vista, simplemente se deben desarrollar las etapas procesales de la investigación y delimitar las responsabilidades penales, en la medida en que hay varios involucrados con diferentes roles.

¿El caso de Mauricio Fernandini es emblemático?

No veo por qué, en la medida en que este personaje no era ningún paladín de la lucha contra la corrupción; es un caso muy mediático por cuanto se trata de un personaje vinculado a la televisión y a los medios de prensa. Se volverá emblemático si un hombre de medios es condenado por un delito de corrupción de funcionarios, pero mientras esto no suceda, le asiste el principio de presunción de inocencia, aunque hay que tener en cuenta que él mismo está haciendo declaraciones, contando su propia verdad.

¿Acaso el departamento de Fernandini era usado como una salita del SIN de Montesinos?

Todo cabe en lo posible; el mismo personaje ha referido que era un “facilitador” de enlaces y que en su departamento concertaba reuniones entre particulares y funcionarios públicos. Solo el devenir de las investigaciones determinará si existió otro tipo de reuniones con otros funcionarios y objetivos al margen de la legalidad.

Las nuevas revelaciones sobre la entrega de dinero de Salatiel Marrufo a Pedro Castillo, ¿complica la situación del exmandatario?

Por supuesto, más aun teniendo en cuenta que el Ministerio Público calificó al expresidente y su entorno como una organización criminal, es decir, sus integrantes tenían roles identificados y diferentes, había una jerarquía establecida dentro de la organización criminal, existía una finalidad única en todos sus miembros y una permanencia de estos dentro de la organización. Por esta razón, si uno de estos miembros manifiesta o declara haber entregado dinero ilícito al supuesto cabecilla de la organización, inmediatamente lo pone en una situación más complicada.

A raíz de estos casos, ¿se está dando una nueva jurisprudencia en la lucha contra la corrupción?

La jurisprudencia se genera cuando los casos son sentenciados, para lo cual falta mucho; sin embargo, Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial han actuado conforme a sus atribuciones dentro de esta casuística, que es la que se viene incrementando con cada evento criminal que se viene descubriendo. Frente a esta casuística, el sistema de justicia está reaccionando, para hacer frente al flagelo de la corrupción que ha tenido un proceso inflacionario en los últimos tiempos, desde el escenario político.

¿Por qué el Ministerio de Vivienda y el MTC han sido tan permeables para la corrupción?

Lo que sucede es que son dos ministerios de mucha contratación para ejecución de obras públicas, operaciones y servicios en diferentes rubros, sobre todo infraestructura, saneamiento y las obras públicas, que requieren por doquier la participación de empresas privadas. Son dos portafolios que cuentan con mucho presupuesto por ejecutar y, adicionalmente, hay políticas y programas de inversión que las organizaciones corruptas identifican como posibles escenarios donde desarrollarse y trabajar bajo un ‘modus operandi’ de apariencia de legalidad en las contrataciones y ejecuciones de obras públicas, bajo mecanismos de selecciones fraudulentas a empresas que no cumplen requisitos técnicos ni financieros, elaborando bases de contratación a medida de la corrupción.  A esto se suman supervisiones deficientes, con las que configuran los delitos de corrupción de funcionarios.

¿Estos casos de corrupción tienen la misma dimensión que el caso Odebrecht?

Lo de Odebrecht fue una megaestructura corrupta, una organización criminal internacional que estuvo presente en muchos países, generando un perjuicio al desarrollo económico y a la transparencia en las contrataciones públicas, involucrando a presidentes y funcionarios en todos los niveles de la administración. Lo que observamos ahora son hechos graves de corrupción a nivel local, no por ello menos importantes, que alcanzan otro tipo de niveles, inclusive en los montos defraudados al Estado; esta práctica está sectorizada, pero definitivamente es sumamente grave por cuanto refleja que el Estado ha sido copado por la corrupción, generándose un Estado antijurídico, siniestro, que espanta a las inversiones extranjeras honestas, motivo por el cual se genera una inestabilidad en la economía y en la imagen del país, sobre todo ante el sistema financiero mundial, resquebrajando el estándar del Estado ante la comunidad internacional.

¿Se abrirá un nuevo proceso de extradición contra la empresaria Sada Goray, quien ha viajado a  Estados Unidos?

Eso dependerá del avance de las investigaciones fiscales, teniendo en cuenta que sobre la referida persona pesan graves sindicaciones que deberán corroborarse con otros elementos de prueba y así obtener calidad y riqueza probatoria como para elaborar un cuadernillo de extradición, siempre y cuando esta investigada no se someta al fuero de la investigación fiscal.

Por Vladimir Rendón Acat

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