José Luna Gálvez denuncia abandono de pequeña minería por parte del Gobierno
Reclaman equidad en el acceso a concesiones y procesos de formalización.
José Luna Gálvez advirtió que el Gobierno peruano se niega a encarar de forma decidida la grave crisis que atraviesa la pequeña minería, la minería ancestral y artesanal.
Según el líder de Podemos Perú, el Ejecutivo prefiere favorecer a los grandes concesionarios en detrimento de miles de familias que dependen de esta actividad para subsistir.
“El Ejecutivo no le presta atención a este sector porque está inclinado solo a unas pocas grandes empresas que ya tienen concesionados millones de metros cuadrados del país”, afirmó Luna Gálvez en entrevista con un medio radial.
El congresista planteó una reforma integral del marco normativo que regula el sector minero, al considerar que las normas vigentes resultan obsoletas y desconectadas de la realidad.
Estado no sabe cuántas familias viven de la minería
“Fueron creadas cuando no existía inversión alguna. Hoy estamos en el mejor momento de los precios del oro y la plata en el mercado internacional y no hacemos nada para aprovecharlo”, cuestionó.
Luna propuso hacer un diagnóstico técnico y social que incluya un censo nacional, con el apoyo del Ingemmet, el Viceministerio de Minas y el INEI. Este instrumento debería permitir —según explicó— ubicar con precisión cuántas familias participan en la minería, dónde operan y cuál es el grado de formalización del sector.
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También exigió la derogatoria del Decreto Supremo 012-2025-EM, al cual calificó de excluyente por dejar fuera a más de 50 mil familias mineras.
En su lugar, propuso instalar una mesa de diálogo nacional que incluya a todos los actores del sector.
Formalización sin diálogo ocasiona más conflicto
“El Gobierno opta por ampliar el Reinfo, pero eso es solo un paliativo. El verdadero problema radica en las concesiones que duran hasta 30 años y que las grandes empresas utilizan solo parcialmente, mientras niegan contratos a los mineros artesanales”, denunció.
Luna insistió en que la minería artesanal puede convertirse en una fuente legítima de desarrollo si se garantiza un entorno legal justo y equitativo, con reglas claras que no marginen a los más pequeños ni privilegien a los grandes operadores.
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