Josué Gutiérrez defiende partido A.N.T.A.U.R.O. y rechaza su ilegalidad: Defensoría del Pueblo tomará acciones
Agrupación vinculada a Antauro Humala perdió legitimidad ya que promulgaba actividades contrarias a los principios democráticos y vulneraban las libertades y derechos.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó que la ilegalización del partido político A.N.T.A.U.R.O. vulnera derechos fundamentales de sus militantes y calificó la medida como un "abuso de derechos". Sus declaraciones reavivaron la controversia, especialmente ante los argumentos del Poder Judicial (PJ) y la Fiscalía que justifican la disolución por razones democráticas.
El titular de la Defensoría del Pueblo criticó abiertamente la decisión del PJ de declarar ilegal la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada a Antauro Humala.
Según Gutiérrez, la cancelación del partido afecta el derecho constitucional de los militantes a postular a cargos públicos, como congresistas, gobernadores o alcaldes.
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“De las decenas de miles que pueden estar inscritos en ese partido, si uno de ellos aspiraba a postular a congresista o gobernador o alcalde, al eliminar ese partido, estás perjudicando a esa persona. Esa persona no se inscribió por el señor Antauro o por el señor Pérez Chupinbagua. Lo hizo por el ideario, por el programa y por lo que representa jurídicamente ese partido”, sostuvo en conversación con Radioprogramas.
Gutiérrez calificó la medida como un "abuso de derechos" y señaló que su institución está en contra de la instrumentalización de la justicia. Además, anunció que este fin de semana publicará un informe que analiza la decisión del Poder Judicial desde una óptica que, según él, será objetiva y resistente al tiempo.
¿Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tiene razón?
La defensa de Josué Gutiérrez al partido A.N.T.A.U.R.O. ignora elementos clave que sustentan su ilegalización. El Poder Judicial y la Fiscalía argumentaron que la organización vulneraba principios democráticos y promovía conductas incompatibles con el respeto a los derechos humanos.
Entre las acusaciones, se señala que el partido incentivaba prácticas como fusilamientos públicos para exmandatarios y promovía discursos de exclusión hacia inmigrantes y personas LGBT.
Si bien es cierto que los militantes tienen derechos políticos, el marco legal peruano exige que los partidos cumplan con estándares democráticos y constitucionales. La Ley de Partidos Políticos establece que las organizaciones que promuevan la violencia o atenten contra los derechos fundamentales deben ser disueltas.
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