Juan José Santiváñez, el poder en la sombra: exministro fue censurado, pero continúa en gobierno de Dina Boluarte
Prometió establecer medidas de seguridad frente al crimen y dar un paso atrás si la medida no daba resultados.
Durante el gobierno de Martín Vizcarra fue jefe del Gabinete de Asesores del ministerio del Interior, al que tuvo que renunciar al descubrirse que había sido abogado de efectivos de la PNP acusados de corrupción y extorsión. En el gobierno de Boluarte y siendo ministro del Interior, Víctor Torres Falcón volvió a ejercer dicha función en dicho sector.
En abril de 2024 fue nombrado viceministro de Orden Interno del ministerio del Interior y al mes siguiente, fue nombrado ministro del Interior demostrando una inusual lealtad a Boluarte.
Prometió establecer medidas de seguridad para hacer frente a la crisis de seguridad y dar un paso atrás si la medida no daba resultados; sus medidas no tuvieron éxito.
Contrató un portavoz con un sueldo mucho mayor que el de los portavoces presidenciales. Juan José Santiváñez fue colaborador de la Diviac mientras era jefe del Gabinete de Asesores del ministerio del Interior.
En marzo de este año, el Congreso de la República aprobó su censura con 79 votos a favor, por su “incapacidad” para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y tuvo que renunciar.
Oficina clave en Palacio
Pero volvió al cogollo del poder como jefe de la recién activada Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, dependencia privilegiada en Palacio de Gobierno, con un salario superior a los 17 mil soles mensuales y una oficina que fue usada por vicepresidentes. La contratación fue propuesta por el secretario general del Despacho Presidencial, Ernesto Vílchez.
En apenas 39 días, Santiváñez recibió 88 visitas, de las cuales 61 están relacionadas con el ministerio del Interior, del cual fue ministro. Entre los visitantes figuran el actual ministro del Interior Carlos Malaver, quien lo visitó antes y durante su designación; el secretario general del Mininter, Erick Caso Giraldo, exjefe de asesores, nombrado tras su visita al despacho; los altos mandos policiales como Víctor Zanabria y Óscar Arriola, lo que demuestra que Santiváñez mantiene un rol decisivo en el sector Interior.
También figura el mayor PNP Omar Paolo Saldaña, quien fue parte de su escolta ministerial, Carlos Camacho, su exasesor de comunicaciones involucrado en una filtración contra Cuarto Poder, quien ahora figura como locador en el Mininter, a esto se suman visitas de viceministros del sector Interior, como Luis Reátegui y Maxfredid Pérez.
Haciendo memoria
A mediados de 2024, estuvo envuelto tras la filtración de audios en los que se le escuchaba discutir supuestas presiones políticas para cerrar la Diviac, presuntamente a petición de Boluarte. Santiváñez negó la autenticidad de los audios y alegó que fueron manipulados.
Además, tuvo una investigación fiscal por abuso de autoridad contra Marco Sifuentes. Para su defensa, contrató a un bufete de abogados con dinero público y entregó su celular, donde estarían las conversaciones, que fue reseteado. Santiváñez se negó a revelar la información y también se negó a entregar su nube para que la justicia supervise las conversaciones.
En el 2025, cuatro personas solicitaron a Santiváñez que se rectificara por anunciarlos erróneamente como integrantes de organizaciones criminales; la PNP solo reconoció que se cometió un error en una de ellas.
En febrero de 2025, en el programa de Milagros Leiva, se reveló el testimonio de dos testigos que sindicaban a Santiváñez en diversas actividades irregulares. En el primer caso, el declarante manifestó que, para el 2019, el hijo de la jueza Enma Benavides, José Luján Benavides, ingresó a trabajar en el estudio de Santiváñez como practicante y, luego, como abogado.
Según el declarante, Luján no se dedicaba al trabajo sino a otras actividades lo que motivó que la administradora del estudio le reclamara a Santiváñez sobre Luján. Ante ello, Santiváñez, continúa el testigo, le respondió que la presencia de Luján era parte de un “arreglo” con Benavides mediante la cual se obtenían favorecimientos en los procesos penales defendidos por él y su estudio.
El testigo declaró que, para inicios del 2025, Santiváñez le pidió a Yessenia Stefany de la Cruz Rivas, que oculte su computadora personal y su iPad, que se encontraban en la oficina de un policía en retiro y cliente de Santiváñez de apellido Tenorio.
Además, según lo declarado, se habría realizado un pacto entre Gustavo Adrianzén, Alfonso Garcés Manyari y Santiváñez (siendo miembros del estudio jurídico) mediante el cual, si Adrianzén o Garcés regresaban a la política iban a hacer a Santiváñez ministro del Interior.
Santiváñez acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de usar una “cortina de humo” en su contra para tapar las preguntas sobre ella, aunque confirmó que había trabajado con Luján. Tiempo después, Santiváñez admitió que había viajado al extranjero con una persona de su entorno acusada de ocultar los dispositivos que contenían pruebas.
Pese a que Santiváñez declaró que no defendía a delincuentes, en realidad había ejercido la defensa como abogado en el 2023 de dos policías, quienes fueron condenados por integrar la organización criminal K&K, vinculada a “Los Pulpos”. Según se reveló, Santiváñez llevó el caso al Tribunal Constitucional y presentó un habeas corpus para que ambos pudieran obtener su libertad.
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En Cuarto Poder, se emitió un reportaje en la que dos testigos señalaban a Santiváñez cuando ejercía como abogado, pagar coimas a jueces y fiscales para resolver sus casos.
Según los testimonios, Santiváñez le solicitó al general PNP Héctor Javier Petit Amésquita S/ 64,000 para pagar al fiscal a cargo del caso a fin de evitar que se dicte una medida coercitiva contra el referido general.
En el otro caso, el otro testigo declaró que Santiváñez solicitó US$ 60,000 para “arreglar con los jueces” sobre el caso del Escuadrón de la Muerte.
Tras la emisión del reportaje, Santiváñez se presentó en el set de TV, donde negó las denuncias. Sin embargo, sorprendió a Sol Carreño al anunciar que ya sabía del contenido del reportaje antes de emitirse mostrando en su celular la transcripción completa del mismo.
Ante ello, Carreño le cuestionó sobre cómo obtuvo dicha información, a lo que Santivañez le manifestó que su jefa de prensa le había enviado, aunque momentos después fuera desmentido por su jefa de prensa.
Cuando se le solicitó la identidad de quién le había enviado la información, Santivañez evitó hacerlo manifestando que “alguien” se lo había enviado.
Tras el escándalo Boluarte firmó una resolución suprema extraordinaria para enviar a Santiváñez a un evento en Bruselas y La Haya. La Fiscalía intentó impedir que saliera del país, pero fracasó.
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