Juan José Santiváñez y Walter Astudillo habrían protegido a Dina Boluarte: Comisión de Fiscalización determina encubrimiento en caso 'Cofre'
El grupo de trabajo también involucra al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, y al jefe de Estado Mayor, Óscar Arriola.
La Comisión de Fiscalización del Congreso determinó, en su informe final del caso “Cofre”, que el exministro del Interior Juan José Santiváñez; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, entre otras autoridades, habrían cometido presuntos delitos con la finalidad de encubrir a la presidenta de la República, Dina Boluarte.
Como se sabe, el informe final del caso “Cofre” encuentra como responsable del mal uso de dos vehículos presidenciales a la jefa de Estado, Dina Boluarte, quien, según la comisión congresal, no solo habría ayudado al prófugo líder de Perú Libre (PL), sino que también habría usado un condominio del balneario de Sarapampa para establecer acuerdos económicos públicos y privados en su beneficio.
“Conforme a la información contenida y analizada en el presente informe, se ha llegado a determinar la presunta comisión de los delitos de peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes o actos funcionales y encubrimiento personal, de los cuales habría sido posible identificar el ámbito de su configuración, así como a los involucrados, como serían Juan Manuel Santiváñez Antúnez, Walter Enrique Astudillo Chávez, Víctor José Zanabria Angulo y Óscar Arriola Delgado”, indica el documento.
También se involucra a Enrique Vílchez Vílchez, secretario de Palacio de Gobierno; y a los funcionarios palaciegos Luis Aquiles Fernández Araujo, Fiorella Mercedes Gotelli Meléndez, Gonzalo Borda Pérez Albela y David Jiménez Romero.
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El informe indica que los responsables de los ministerios del Interior y de Defensa “habrían dispuesto redirigir la competencia de los máximos entes administrativos, como son la Dirección General de la PNP y la Comandancia General del Ejército, a efectos de que no sean estos los que otorguen la autorización al personal oficial o suboficial que acompañó a la presidenta al balneario del sur, para concurrir a las invitaciones de la comisión investigadora”.
“Toda esta actividad ha generado la imposibilidad de acceder a la información por parte de la comisión, identificándose maniobras obstructivas al control político y así buscar frustrar las actividades de indagación”, señala el documento.
Según el grupo congresal, se impidió que el suboficial de la PNP, Félix Montalvo Guevara, acudiera a la comisión a declarar sobre las actividades de la mandataria en Mikonos y Sarapampa, mientras que a Ruth Ligarda Castro, seguridad de la mandataria conocida como “La Sombra”, se le envió a España como agregada militar.
El informe final será remitido por la Comisión de Fiscalización al Ministerio Público, que también investiga el caso.
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