“Julio Demartini es responsable de atentado contra niños”: congresista Carlos Anderson pide respeto por la vida de víctimas
Considera que alguien como el extitular del Midis, que “probablemente deba ir preso”, no puede ser enviado al Vaticano para protegerlo.
Viene de Fiscalía debe actuar rápido para evitar que Julio Demartini salga del Perú: quieren enviarlo al Vaticano para librarlo de indagación
Diversos legisladores manifestaron su rechazo a una eventual designación del exministro Julio Demartini como representante del Perú ante el Vaticano.
Carlos Anderson (no agrupado) calificó de “vergüenza” que, desde el Poder Ejecutivo, se haya afirmado que no existen impedimentos legales para que el exministro sea designado como embajador ante la Santa Sede, pese a las investigaciones en su contra por el caso Qali Warma.
“Una vergüenza que digan que nada le impide. Le impide todo, señores, le impide la ética, un mínimo de respeto por la vida de los niños en el país, pero claro, como se trata de premiar a los amigos... Para eso sirven los embajadores políticos, para organizar coctelitos para sus amigos o partidarios”, aseveró, tras señalar que el extitular del Midis es el “responsable directo de un atentado contra la vida de los niños”.
El congresista le pidió al canciller Elmer Schialer dejar de “tener la cara tan dura, que no se le arruga absolutamente nada para decir que Demartini está perfectamente capacitado para ser embajador”.
En esa línea, Anderson dijo que Shialer debería tener “más coraje” frente a la presidenta Dina Boluarte para impedir que una persona como Demartini sea designada en un cargo tan importante.
“Debería decir cómo vamos a permitir que a alguien cuestionado, y que probablemente deba ir preso, lo pongamos en el Vaticano para protegerlo”, señaló en radio Exitosa.
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Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitándole que adopte las medidas necesarias para evitar que la investigación contra Demartini pueda sufrir alguna interferencia.
Según dijo el legislador, su designación como diplomático se trataría de una “maniobra política” para impedir las diligencias en su contra.
“Esto implicaría que no podría ser procesado, investigado ni detenido por las autoridades peruanas mientras ejerza el cargo y esté acreditado en el país receptor. Asimismo, sus propiedades no podrían ser allanadas, ni sus documentos incautados, ni sus comunicaciones intervenidas sin autorización del país receptor o del propio Estado peruano, lo que obstaculizaría la obtención de pruebas”, señaló.
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